El Gobierno nacional evalúa devolver el Puerto de Ushuaia a la provincia

La Agencia Nacional de Puertos, dependiente del Ministerio de Infraestructura de la Nación, evalúa la posibilidad de devolver la administración del Puerto de Ushuaia a la provincia de Tierra del Fuego. Las conversaciones, que se mantienen en estricto reserva, se producen en un contexto de mayor diálogo entre el gobierno fueguino y la administración del presidente Javier Milei.

Según fuentes consultadas por este diario, la intervención nacional que conduce el puerto desde hace más de dos años analiza distintas alternativas de transferencia, aunque aún no hay una definición formal. La movida coincide con una mejora en la relación entre ambas jurisdicciones, marcada hasta hace poco por fuertes tensiones en torno a la coparticipación federal y el manejo de recursos provinciales.

La disputa por el Puerto de Ushuaia se remonta a la decisión del gobierno nacional anterior de intervenir la terminal en 2023, argumentando irregularidades en su administración. Desde entonces, la provincia inició acciones judiciales que todavía se encuentran en trámite ante la Justicia federal. El expediente principal se tramita en el Juzgado Federal de Ushuaia, donde se cuestiona la legalidad de la intervención dispuesta por decreto.

El gobernador Gustavo Melella ha mantenido en las últimas semanas un tono más conciliador con funcionarios nacionales, especialmente en materia de obras públicas y financiamiento para infraestructura portuaria. Fuentes de la Casa de Gobierno provincial confirmaron que el tema del puerto fue abordado en reuniones de alto nivel realizadas en Buenos Aires durante el mes de junio pasado.

La terminal portuaria de Ushuaia es estratégica para la provincia. Además de su rol en el turismo antártico —donde funciona como principal gateway para cruceros que operan en el continente blanco—, es clave para el abastecimiento de la ciudad más austral del país y para el desarrollo de la actividad pesquera. En 2025 movió más de 180.000 pasajeros en cruceros y registró un incremento en la carga de contenedores.

Desde la Agencia Nacional de Puertos indicaron que cualquier eventual transferencia se realizaría bajo un marco de “transición ordenada” que garantice la continuidad de las operaciones y el cumplimiento de los contratos vigentes con operadores privados. No obstante, desde el gobierno provincial reclaman que la devolución sea plena y sin condicionamientos, tal como establece la Ley Provincial 1234 que regula el régimen portuario local.

El ministro de Infraestructura y Planeamiento provincial, Mario Daniele, evitó confirmar detalles de las negociaciones pero reconoció que “existe una voluntad de ambas partes de resolver los diferendos históricos”. En tanto, el presidente de la Legislatura provincial, Damián Cincunegui, adelantó que cualquier acuerdo deberá ser ratificado por los 15 legisladores y respetar la autonomía provincial en materia portuaria.

El posible traspaso del Puerto de Ushuaia se da en paralelo a otras negociaciones entre Nación y provincia, como la renegociación de la deuda provincial con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y el reparto de fondos coparticipables afectados por el recorte de transferencias discrecionales.

Para el fueguino común, una eventual devolución del puerto no solo representa una cuestión de soberanía provincial sobre sus recursos estratégicos, sino también la posibilidad de que los ingresos por tasas portuarias vuelvan a engrosar las arcas locales. Actualmente, la mayor parte de esos recursos se derivan a la administración nacional. Según estimaciones de la AREF, una administración provincial plena podría significar un ingreso adicional de entre 800 y 1.200 millones de pesos anuales, fondos que podrían destinarse a infraestructura vial, servicios en Ushuaia o al fondo de estabilización de la provincia.

La resolución de este diferendo, si finalmente se concreta, marcaría un punto de inflexión en la relación entre Tierra del Fuego y el gobierno nacional, pasando de la confrontación judicial a una negociación política concreta. Por ahora, las conversaciones siguen su curso reservado mientras la causa judicial mantiene su trámite formal.