Iriarte cuestiona recursos a Río Grande pero omite que son fondos ya reconocidos por la provincia

El legislador Sebastián Iriarte cuestionó públicamente la ampliación presupuestaria de la Municipalidad de Río Grande y la calificó como un “presupuesto inflado”, aunque su planteo omite un dato central: los recursos en discusión ya fueron reconocidos por la Provincia y se encuentran pendientes de transferencia efectiva.

Según el análisis de las cifras oficiales, los montos que Iriarte pone en duda corresponden a fondos que la administración provincial ya validó en favor del municipio riograndense. Se trata de recursos que forman parte del mecanismo habitual de coparticipación y transferencias específicas entre los distritos y la Casa de Gobierno, cuya ejecución depende de la efectiva remisión de los fondos.

El planteo del legislador se produce en un contexto de fuerte tensión política entre las distintas ciudades de la provincia. Mientras Río Grande cuenta con un presupuesto aprobado y en ejecución, la Municipalidad de Ushuaia continúa administrando un ejercicio reconducido, con modificaciones que se instrumentan a través de decretos y resoluciones administrativas. Esta diferencia en el manejo de las cuentas municipales no fue mencionada en las declaraciones de Iriarte. Desde la gestión municipal riograndense se recordó que el presupuesto aprobado para el ejercicio 2026 contempla tanto los recursos propios como las transferencias provinciales y nacionales. La omisión de los fondos ya reconocidos por la provincia distorsiona el panorama real de las cuentas municipales y genera confusión en la opinión pública.

El mecanismo de ampliaciones presupuestarias en los municipios fueguinos responde a la necesidad de adecuar las previsiones ante el impacto de la inflación, las paritarias y las variaciones en la coparticipación. En el caso de Río Grande, estas ampliaciones han sido debidamente informadas al Concejo Deliberante y cuentan con el respaldo de la ordenanza correspondiente.

La relación entre la Gobernación y los tres municipios de la provincia ha sido históricamente un eje de conflicto, especialmente en torno al reparto de la coparticipación y el reconocimiento de deudas por obras y servicios. El caso expuesto por Iriarte se enmarca en esa pulseada permanente, pero pierde sustento técnico al no considerar el estado real de los expedientes.

Para el vecino de Río Grande, la disponibilidad efectiva de estos recursos significa la continuidad de obras públicas, el pago de salarios municipales y la prestación de servicios esenciales. Instalar dudas sin el contexto completo solo contribuye a erosionar la confianza en las instituciones locales y provinciales en un año marcado por fuertes restricciones presupuestarias a nivel nacional.