Esposas y viudas de ex policías denuncian violencia económica ante la Caja de Previsión

Un grupo de esposas y viudas de ex policías territoriales de Tierra del Fuego formalizó una denuncia por presunta violencia económica contra el directorio de la Caja de Previsión Social Provincial. La presentación se realizó en la Comisaría de la Mujer y Género de Río Grande y pone en evidencia una situación que se arrastra desde hace trece meses.

Las denunciantes sostienen que desde hace más de un año no perciben los haberes compensatorios que les corresponden por ley, ni tampoco los aguinaldos adeudados correspondientes a los períodos vencidos. “No estamos pidiendo nada extraordinario, solo lo que nos corresponde por el sacrificio de nuestros maridos durante años de servicio en la Policía Territorial”, expresaron en la denuncia.

La situación afecta especialmente a un grupo de mujeres que, en muchos casos, son las únicas sostén de familias numerosas en la provincia más austral del país. Varias de ellas son viudas que dependen exclusivamente de estos ingresos para cubrir necesidades básicas como medicamentos, alimentos y servicios en un contexto de alto costo de vida.

Además de la falta de pago de los haberes, las denunciantes cuestionaron con dureza que los directores de la Caja de Previsión hayan iniciado acciones judiciales para reclamar el cobro de sus propios gastos de representación. “Mientras nosotras no cobramos lo que nos deben, ellos pelean en Tribunales por sus viáticos. Eso es inaceptable”, manifestaron las afectadas.

Fuentes cercanas a la Caja consultadas por este medio indicaron que el retraso en los pagos se debe a “problemas de liquidez” provocados por el desfinanciamiento que arrastra el organismo previsional desde hace varios años. Sin embargo, no brindaron un plazo concreto para la regularización de los pagos ni explicaron por qué se prioriza el reclamo de los gastos de representación por sobre las obligaciones con las beneficiarias.

La Comisaría de Género tomó intervención inmediata y derivó la denuncia a la Fiscalía para que se investigue si los hechos encuadran dentro de la figura de violencia económica prevista en la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. Especialistas consultados recordaron que la violencia económica incluye la obstrucción o demora injustificada en el pago de haberes o prestaciones que correspondan legalmente a las mujeres.

Desde la Asociación de Veteranos y Familiares de la Policía Territorial fueguina manifestaron su apoyo a las denunciantes y pidieron una audiencia urgente con las autoridades de la Caja y del Gobierno provincial. “No podemos permitir que las familias de quienes cuidaron la seguridad de los fueguinos durante décadas queden en esta situación de abandono”, señalaron.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el delicado estado financiero de la Caja de Previsión Social, un tema recurrente en la agenda provincial que afecta no solo a ex policías sino a múltiples sectores de jubilados y pensionados fueguinos. Desde el Ejecutivo provincial se ha prometido en reiteradas oportunidades una reestructuración profunda del organismo, aunque hasta el momento los resultados concretos han sido escasos.

Las denunciantes, que prefirieron mantener sus nombres en reserva por temor a represalias, aseguraron que no cesarán en su reclamo hasta obtener respuestas concretas y el pago de lo adeudado. “Solo pedimos dignidad y lo que es justo”, concluyeron.