Estafa con criptomonedas en Tierra del Fuego: 45 damnificados y el acusado pidió probation

Una causa judicial por estafa que involucra inversiones en criptomonedas y otros instrumentos financieros tiene como principal acusado a Damián Arias y ya cuenta con 45 damnificados formalizados en Tierra del Fuego.

El abogado Jorge Hernández, quien representa a varias de las víctimas, brindó detalles de la investigación en diálogo con AIRE LIBRE FM. Según su relato, Arias y su pareja ofrecían supuestas oportunidades de inversión con rendimientos rápidos y atractivos. Las personas que confiaron en él entregaban dinero, recibían al principio retornos que generaban mayor confianza y luego eran incentivadas a aportar sumas cada vez más altas.

Cuando comenzaron los reclamos de devolución, el dinero nunca fue reintegrado. La situación se agravó hacia fines de 2023, momento en el que Arias ya no podía responder a los compromisos. En ese contexto, reunió a los damnificados, les prometió devolver los fondos en una fecha determinada, pero no cumplió con lo acordado.

Uno de los hechos más llamativos de la investigación fue el supuesto secuestro que denunció el propio Arias. Hernández explicó que se trató de un autosecuestro: el imputado se habría provocado cortes en el cuello y luego se presentó en la Comisaría Tercera para denunciar que había sido privado de su libertad. Las cámaras de seguridad y la investigación policial descartaron rápidamente la versión y determinaron que fue una puesta en escena.

El letrado también mencionó que Arias utilizaba su pertenencia a una institución religiosa para generar confianza entre los fieles, quienes terminaron siendo algunas de las primeras víctimas. Aunque aclaró que no responsabiliza a la iglesia por las maniobras, indicó que después de las denuncias hubo promesas de colaboración que nunca se concretaron.

Durante el avance de la causa, Arias intentó cambiar su domicilio y salir de Tierra del Fuego, pero las gestiones de las partes lograron impedirlo. Se realizaron varias instancias de mediación en las que el acusado se comprometió personalmente a devolver el dinero. Se establecieron planes de pago que iban desde 500 hasta 8.000 dólares según cada caso, pero ninguno de esos acuerdos fue cumplido, ni siquiera de manera parcial.

Según información que trascendió de los informes policiales, se detectaron ingresos superiores a los 16 millones de pesos y cientos de operaciones con criptomonedas. Sin embargo, el destino final de esos fondos aún se investiga y el rastreo resulta complejo por el uso de distintas cuentas y plataformas digitales.

En la actualidad, Arias solicitó la suspensión del juicio a prueba, conocida como probation. Hernández consideró que, por la cantidad de hechos denunciados y la dimensión de la causa, no correspondería conceder ese beneficio, aunque la decisión final quedará en manos de la autoridad judicial.

Las víctimas continúan con dificultades para recuperar sus ahorros, ya que hasta el momento no se logró determinar el paradero de los fondos. El abogado estimó que podría haber muchas más personas afectadas que aún no se presentaron en la causa.

Con información de medios locales.