Fallo histórico en Tierra del Fuego: compradores de 0 km podrían recuperar hasta el 40% del valor pagado

Un fallo de primera instancia dictado por la Justicia fueguina podría cambiar el panorama para miles de vecinos que compraron vehículos 0 km en Tierra del Fuego. El juez ordenó a una importante terminal radicada en la provincia reintegrar el 40% del valor abonado por un automóvil, al considerar que la aplicación del beneficio impositivo previsto en la Ley 19.640 resultó abusiva para el consumidor local.

La sentencia, que aún puede ser apelada, se enmarca en una demanda iniciada por un particular de Río Grande contra la automotriz. Según los fundamentos, el beneficio fiscal que reduce el pago de IVA y Ganancias a las terminales radicadas en el extremo sur del país no se trasladó de manera efectiva al precio final que pagó el comprador. De esta forma, el juez entendió que se configuró un enriquecimiento sin causa por parte de la empresa.

El caso reviste particular importancia porque la provincia de Tierra del Fuego es sede del principal polo automotriz del país gracias al subrégimen especial de la Ley 19.640, que otorga ventajas impositivas a las fábricas de electrónicos y vehículos instaladas en la zona. Sin embargo, desde hace años distintos sectores vienen cuestionando que esos beneficios no impacten suficientemente en el precio final de los productos para los habitantes locales.

Fuentes judiciales consultadas por este medio indicaron que el magistrado basó su decisión en pericias contables que demostraron una brecha de aproximadamente 40% entre el precio de lista y el costo real que debería haber tenido el vehículo de haber sido trasladado el beneficio impositivo al consumidor fueguino. El fallo ordena la devolución de esa diferencia más intereses y actualizaciones.

"Es un precedente muy fuerte porque pone en negro sobre blanco algo que muchos veníamos sospechando", señaló un abogado especializado en derecho del consumidor que sigue de cerca el expediente. Según explicó, la Justicia consideró que el beneficio fiscal es de orden público y que su finalidad es promover el desarrollo regional, por lo que no puede ser apropiado íntegramente por la empresa sin que redunde en beneficio de los habitantes de la provincia.

Desde la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) y la cámara sectorial local AFARTE evitaron hacer comentarios oficiales sobre este caso puntual, aunque trascendió que analizarán los fundamentos con detenimiento antes de definir si apelan ante la Cámara de Apelaciones.

El impacto potencial es significativo. Solo en Río Grande y Ushuaia se comercializan anualmente miles de unidades 0 km. Si el fallo queda firme o es confirmado en segunda instancia, podría abrir la puerta a una oleada de reclamos individuales o incluso a una acción colectiva. En los pasillos de la Legislatura provincial ya se habla de la posibilidad de que el Ejecutivo o los legisladores busquen alguna solución legislativa que evite un cimbronazo en la industria local.

Desde la Gobernación, por ahora, guardan silencio. Fuentes cercanas al ministro de Economía, Gastón Pope, indicaron que están analizando las implicancias fiscales y productivas del fallo. Recordaron que el subrégimen de la 19.640 representa una parte sustancial de la actividad económica provincial y que cualquier modificación debe ser tratada con extrema cautela.

El comprador que inició la demanda, un empleado administrativo de 38 años de Río Grande que prefirió mantener su identidad en reserva, había adquirido el vehículo en 2022 por un valor superior a los 5 millones de pesos de entonces. Según su reclamo, pagó un sobreprecio que no se correspondía con las ventajas impositivas que goza la terminal por estar radicada en la provincia.

Especialistas consultados coinciden en que el nudo de la discusión pasa por el destino final del beneficio impositivo. Mientras la ley busca promover el empleo y el desarrollo en la zona más austral del país, los consumidores sostienen que parte de esa ventaja debería reflejarse en precios más accesibles para quienes viven en Tierra del Fuego.

De confirmarse el fallo en las instancias superiores, no solo se abriría un camino para la devolución de sumas importantes a los compradores, sino que también podría obligar a las terminales a revisar sus políticas de precios en la provincia. Esto, a su vez, generaría un debate profundo sobre el verdadero sentido de los regímenes de promoción industrial en regiones de frontera.

Hasta el momento, ni la Secretaría de Comercio ni la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) han emitido opinión oficial sobre el caso. Sin embargo, trascendió que desde el organismo recaudador nacional siguen con atención el desarrollo del expediente porque podría sentar jurisprudencia sobre la aplicación de beneficios fiscales en zonas promocionadas.

Para el fueguino de a pie, el posible reintegro representa una suma importante en tiempos de alta inflación y salarios que no terminan de recuperar poder adquisitivo. Si se multiplica por la cantidad de vehículos vendidos en los últimos cinco años en la provincia, la cifra total en juego supera largamente los cientos de millones de pesos.

La pelota ahora está en la cancha de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Río Grande. Su decisión será clave no solo para las partes en conflicto, sino para miles de familias fueguinas que en los últimos años apostaron por comprar un 0 km confiando en que vivían en la provincia que más beneficios impositivos otorga a la industria automotriz del país.