FOPEA manifestó preocupación por reserva de expediente judicial en Ushuaia

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su preocupación por la resolución del Juzgado Federal de Ushuaia que declaró reservado el expediente judicial promovido por El Diario del Fin del Mundo con el objetivo de obtener acceso a información pública.

El caso se inició cuando el medio fueguino presentó un recurso ante la Justicia Federal para garantizar el derecho de acceso a la información, un principio constitucional que resulta fundamental para el ejercicio del periodismo y el control ciudadano sobre los actos de gobierno. Sin embargo, el magistrado a cargo resolvió mantener bajo reserva las actuaciones, lo que impide a la opinión pública y a otros medios conocer los detalles del proceso.

Desde FOPEA señalaron que esta medida representa un retroceso en materia de transparencia y podría sentar un precedente peligroso para el ejercicio de la libertad de prensa en la provincia. “El acceso a la información pública es un derecho humano y una herramienta esencial para la democracia”, recordaron en su comunicado.

En Tierra del Fuego, donde la relación entre prensa, poderes públicos y sociedad adquiere características particulares por el aislamiento geográfico y la concentración de fuentes oficiales, este tipo de resoluciones impactan directamente en la capacidad de los periodistas para informar sobre temas que afectan el bolsillo, la salud, la educación y la gestión de recursos provinciales.

El expediente en cuestión surgió de un pedido de información que no fue respondido en tiempo y forma por parte de un organismo público. Ante el silencio administrativo, el medio recurrió a la vía judicial, amparándose en la Ley de Acceso a la Información Pública y en los principios constitucionales vigentes.

La decisión de declarar reservado el expediente fue tomada el 24 de septiembre de 2026 por el Juzgado Federal con asiento en Ushuaia. Según trascendió, el juez consideró que la publicidad del expediente podría afectar “intereses superiores”, aunque no se brindaron mayores precisiones sobre cuáles serían esos intereses.

Especialistas consultados por este medio coinciden en que la reserva de un expediente de estas características resulta excepcional y debe estar debidamente fundada. En este caso, sostienen, la falta de fundamentación clara genera más dudas que certezas y alimenta la percepción de que se busca evitar el escrutinio público.

Desde las organizaciones de defensa de la libertad de expresión se viene insistiendo en que la pandemia y los años posteriores dejaron en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia, especialmente en distritos donde la economía depende en gran medida de decisiones administrativas y asignación de recursos públicos.

En Río Grande, Ushuaia y Tolhuin, los tres municipios de la provincia, los vecinos suelen demandar mayor información sobre licitaciones, paritarias, obras públicas y manejo de fondos. Cuando los medios encuentran obstáculos para acceder a esos datos, se debilita la confianza en las instituciones.

FOPEA, que nuclea a periodistas de todo el país, viene monitoreando casos similares en distintas provincias. En su comunicado recordaron que la Argentina adhirió a estándares internacionales que promueven el acceso a la información como pilar de las democracias modernas.

El caso también genera atención en los ámbitos gremiales y judiciales de Tierra del Fuego, donde varios periodistas han enfrentado dificultades para obtener respuestas oficiales en temas sensibles como el estado de los hospitales, el desarrollo de la temporada turística o el seguimiento de causas por violencia de género.

Hasta el momento, ni el Juzgado Federal ni los organismos involucrados en el pedido de información original han emitido declaraciones públicas sobre la resolución. Este medio intentó contactar a las partes pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.

La preocupación de FOPEA se suma a un debate más amplio sobre los límites y garantías del derecho de acceso a la información pública en la Patagonia austral. Organizaciones locales de prensa y colegios profesionales ya anunciaron que seguirán de cerca la evolución del expediente una vez que se levante eventualmente la reserva.

Mientras tanto, el reclamo central sigue siendo el mismo: que los fueguinos tengan la posibilidad de conocer cómo se administran los recursos y las políticas que directamente inciden en su calidad de vida, en una provincia donde la distancia y el clima ya imponen suficientes desafíos cotidianos.