Gobierno nacional prorrogó por cinco años el régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego
La medida, publicada en el Boletín Oficial, extiende hasta 2030 los beneficios de la Ley 19.640 para las industrias radicadas en la provincia. Desde el sector manufacturero celebraron la decisión, aunque reclaman definiciones sobre su alcance definitivo.
El Gobierno nacional prorrogó por cinco años el régimen de promoción industrial que rige en Tierra del Fuego. La decisión fue formalizada a través del decreto 601/2024 publicado este miércoles en el Boletín Oficial y extiende los beneficios de la Ley 19.640 hasta el 31 de diciembre de 2030.
La norma mantiene el esquema de desgravaciones impositivas y aduaneras que rige desde hace más de cuatro décadas en la provincia más austral del país. Fuentes del sector industrial consultadas por este medio indicaron que la prórroga era una de las principales demandas de las empresas radicadas en el Parque Industrial de Río Grande, donde operan las terminales de electrónica de consumo más importantes del país.
Según el texto oficial, la medida busca "garantizar la continuidad de las inversiones y la preservación de las fuentes de trabajo" en el distrito. El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y los ministros de Economía, Luis Caputo, y del Interior, Guillermo Francos.
Desde la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) celebraron el anuncio. "Es una señal clara de que el Estado nacional reconoce la importancia estratégica de la industria fueguina", indicaron a través de un comunicado. Sin embargo, pidieron que se defina con claridad el alcance de los beneficios para los próximos años, especialmente en materia de aranceles de importación y reintegros.
La prórroga llega en un contexto de fuerte caída de la actividad industrial en la provincia. Según datos de la propia AFARTE, durante el primer semestre del año las terminales electrónicas registraron una baja interanual de alrededor del 35% en su nivel de producción, con suspensiones temporales y reducción de personal en varias plantas.
En Río Grande, donde se concentra la mayor parte de la industria promovida, el régimen representa más del 40% del empleo privado formal. Las empresas beneficiarias gozan de exención de impuestos a las Ganancias, al Valor Agregado y a los sellos, además de ventajas arancelarias para la importación de insumos y componentes.
Desde el municipio de Río Grande destacaron la importancia de la medida para la estabilidad económica local. El intendente Martín Pérez señaló que "el régimen no es un privilegio, es una herramienta de desarrollo federal que permite generar trabajo genuino en el extremo sur del país".
Por su parte, desde el Gobierno provincial indicaron que continuarán las negociaciones con la Nación para lograr una reforma integral del régimen que incorpore nuevos sectores productivos y modernice los controles de origen y valor agregado local, uno de los puntos más cuestionados por los sectores que critican el actual esquema.
La Ley 19.640 fue sancionada en 1972 y ya había sido prorrogada en 1984, 1991, 1999 y 2006. Con esta nueva extensión, el régimen completará 58 años de vigencia ininterrumpida en la provincia. Su impacto directo se siente principalmente en Río Grande, aunque también beneficia a algunas actividades en Ushuaia y Tolhuin.
Especialistas consultados coinciden en que la prórroga por cinco años da previsibilidad a las empresas pero no resuelve los desafíos estructurales del modelo. Entre ellos se mencionan la necesidad de aumentar el componente local de producción, diversificar la matriz productiva más allá de la electrónica de consumo y mejorar la competitividad logística de la provincia.
Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se mostraron cautelosos. "Celebramos que se mantenga el empleo, pero vamos a seguir exigiendo que las empresas cumplan con los compromisos de inversión y capacitación que establece el régimen", indicó el secretario general local, Oscar Martínez.
La prórroga del régimen de promoción industrial se da en paralelo a las discusiones que se mantienen en el Congreso por el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley Bases, que también podría tener impacto en Tierra del Fuego si finalmente se reglamenta.
