Gobierno provincial insiste con la reforma constitucional y eleva el conflicto a la Justicia
El Ejecutivo inició una acción de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia para restituir la ley que habilitaba la reforma parcial de la Constitución de Tierra del Fuego. El caso ya está radicado en el máximo tribunal provincial.
El Gobierno de Tierra del Fuego decidió llevar al plano judicial el diferendo político por la reforma parcial de la Constitución provincial. Según pudo confirmar El Diario de Tierra del Fuego, el Poder Ejecutivo inició una acción de inconstitucionalidad con el objetivo de restituir la vigencia de la ley que impulsaba la modificación de la carta magna fueguina. La causa ya se encontraría radicada en el Superior Tribunal de Justicia.
La medida representa un nuevo capítulo en el conflicto que se desató cuando la Legislatura, con votos de la oposición, declaró la inconstitucionalidad de la norma que habilitaba el debate de reformas puntuales. Desde Casa de Gobierno argumentan que esa decisión legislativa viola el principio de división de poderes y el mecanismo de reforma previsto en la propia Constitución provincial sancionada en 1991.
Fuentes cercanas al Ejecutivo indicaron que la acción judicial busca que el Superior Tribunal declare la nulidad de la resolución legislativa y, en consecuencia, reactive el proceso que permitiría convocar a una convención constituyente parcial. Entre los puntos que el Gobierno busca reformar se encuentran aspectos vinculados a la autonomía municipal, la reelección de intendentes y la distribución de recursos entre las tres ciudades de la provincia.
Desde la oposición, legisladores de diferentes bloques sostuvieron que la reforma impulsada por el oficialismo carecía de los consensos necesarios y que el mecanismo elegido vulneraba derechos de participación popular. “No se puede reformar la Constitución por decreto ni a espaldas de la gente”, señalaron en los pasillos de la Legislatura provincial.
El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, integrado por tres ministros, deberá ahora analizar la admisibilidad de la acción y, eventualmente, correr traslado a la Legislatura para que presente su defensa. Fuentes judiciales consultadas indicaron que el caso podría demorar varios meses, dado que se trata de una cuestión de alto voltaje político e institucional.
En Río Grande, donde se concentra gran parte de la población y del empleo industrial, el debate constitucional tiene repercusiones directas. Sectores de la UOM y de AFARTE observan con atención cualquier modificación que pueda afectar el subrégimen de promoción industrial o la coparticipación de recursos. En Ushuaia, en cambio, el foco está puesto en el turismo, el puerto y la posible reforma del régimen municipal que regula el Cerro Castor y el Parque Nacional.
Este no es el primer intento de reforma constitucional en la provincia. En 2018 ya se había impulsado un proceso similar que terminó diluyéndose por falta de acuerdo político. Ahora, con un mapa legislativo fragmentado y un Ejecutivo que busca consolidar su agenda, la vía judicial aparece como el último recurso para destrabar el debate.
Desde el oficialismo confían en que el Superior Tribunal fallará a favor de la acción de inconstitucionalidad, restituyendo la ley y permitiendo avanzar con la reforma antes de fin de año. La oposición, en tanto, prepara su estrategia para defender la decisión legislativa y evitar que se modifique la Constitución sin el respaldo mayoritario que, sostienen, exige una reforma de esta magnitud.
El fallo que emita el máximo tribunal provincial no solo definirá el futuro inmediato de la reforma, sino que sentará un precedente sobre los límites entre los poderes en Tierra del Fuego. En una provincia donde los recursos energéticos de la Cuenca Austral, la actividad pesquera y el empleo público definen la agenda diaria, la estabilidad institucional vuelve a ser un tema de Estado.
