Henríquez Sánchez: “Desde la provincialización las tierras dejaron de ser de Nación”

El legislador provincial Gustavo Henríquez Sánchez afirmó que, a partir de la provincialización de Tierra del Fuego en 1991, las tierras que antes pertenecían al Estado nacional pasaron a ser dominio de la provincia. La declaración se produjo en el marco de un debate en la Legislatura sobre el uso y la titularidad de terrenos fiscales.

“Desde la provincialización las tierras dejaron de ser de Nación”, sostuvo Henríquez Sánchez, según consignó el portal La Licuadora TDF. El referente del Partido Verde argumentó que la Ley Nacional 23.775, que creó la provincia, transfirió explícitamente el dominio de las tierras al nuevo distrito, con excepción de las áreas expresamente reservadas para el Estado nacional.

La afirmación del legislador se enmarca en una discusión recurrente en la provincia sobre la disponibilidad de tierras para proyectos productivos, viviendas y ampliación de las ciudades. En Río Grande, Ushuaia y Tolhuin, el acceso a suelo urbano y rural es uno de los principales reclamos de vecinos, empresarios y gobiernos municipales.

Según la norma de provincialización, la provincia recibió el dominio de las tierras que no integraban el patrimonio privado ni estaban afectadas a un uso específico por parte de Nación. Sin embargo, persisten diferencias de interpretación respecto de áreas como las destinadas a defensa, parques nacionales y zonas limítrofes.

Henríquez Sánchez llamó a “actualizar” el catastro provincial y avanzar en la regularización dominial de ocupantes históricos, una demanda que se repite en cada período legislativo desde hace más de dos décadas. “No podemos seguir gestionando como si las tierras aún fueran de Nación”, señaló.

Desde la Gobernación, hasta el momento no hubo una respuesta oficial a estas declaraciones. El Ministerio de Gobierno y el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) suelen recordar que la transferencia de tierras se hizo de manera gradual y que aún existen trámites pendientes con organismos nacionales como la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

El tema adquiere relevancia en un contexto de fuerte presión demográfica y necesidad de lotes para viviendas sociales. En los últimos años, los tres municipios fueguinos incrementaron los pedidos de transferencia de tierras fiscales para planes habitacionales y parques industriales.

Especialistas consultados por este medio indican que la Ley 23.775 es clara en la cesión del dominio a la provincia, pero que la implementación práctica requirió convenios específicos que, en algunos casos, aún no se completaron. Además, la Constitución Provincial de 1991 y su reforma de 2017 reconocen a la provincia como titular de sus recursos naturales y tierras, salvo las expresamente excluidas.

La postura de Henríquez Sánchez coincide con reclamos históricos de sectores productivos que buscan agilizar el otorgamiento de títulos para inversiones. En paralelo, organizaciones ambientales y de pueblos originarios advierten sobre la necesidad de preservar áreas de valor ecológico y cultural antes de avanzar en cualquier cesión masiva.

Para el fueguino común, el debate sobre la titularidad de las tierras se traduce en plazos más cortos o más largos para acceder a un lote propio, en la posibilidad de ampliar el ejido urbano y en las condiciones para que las industrias se instalen en nuevos predios. Un terreno con título claro facilita el crédito, la inversión y la generación de empleo formal.

La Legislatura volverá a tratar el tema en las próximas semanas, cuando se deban proyectos de ley que buscan agilizar la entrega de tierras a municipios y particulares. El resultado de esa discusión determinará si la afirmación de Henríquez Sánchez se traduce en cambios concretos en la política de tierras de la provincia.