La Justicia fueguina frena el proyecto petrolero de Rockhopper y Navitas
Un fallo judicial ordenó suspender el avance del proyecto marino en la Cuenca Austral hasta que se cumplan con los estudios de impacto ambiental exigidos. La medida protege el ecosistema marino y genera incertidumbre en el sector hidrocarburífero provincial.
La Justicia de Tierra del Fuego ordenó frenar de manera cautelar el proyecto petrolero que las empresas Rockhopper y Navitas pretenden desarrollar en la Cuenca Austral, frente a las costas de la provincia. El fallo, dictado el 16 de septiembre de 2026, responde a una acción de amparo presentada por organizaciones ambientalistas y pescadores artesanales que cuestionan la falta de estudios ambientales integrales.
Según el escrito judicial al que accedió esta redacción, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Ushuaia consideró que el proyecto “Sea Lion” no cuenta con la evaluación de impacto ambiental completa exigida por la legislación provincial y nacional. Los magistrados ordenaron la inmediata suspensión de las actividades exploratorias y de desarrollo hasta que se subsanen las irregularidades detectadas.
El proyecto en cuestión busca explotar reservas de petróleo y gas en el mar Argentino, a unos 250 kilómetros al norte de las costas fueguinas. Rockhopper Exploration, de origen británico, y su socio local Navitas Petroleum habían obtenido en los últimos años las concesiones correspondientes, pero el avance de las obras generó fuerte rechazo en sectores de la sociedad civil y entre los trabajadores de la pesca.
Desde la Gobernación confirmaron que el Ejecutivo provincial tomará conocimiento formal del fallo en las próximas horas y analizará los pasos a seguir. s cercanas a la Casa de Gobierno indicaron que el tema será tratado en el gabinete económico, ya que el desarrollo offshore representa una potencial de ingresos por regalías y empleo en un contexto de caída de la actividad en la industria electrónica.
El fallo judicial recuerda que la Constitución Provincial y la Ley de Hidrocarburos exigen que todo proyecto de exploración y explotación en la plataforma continental cuente con una evaluación de impacto ambiental estratégica que considere los efectos acumulativos sobre la fauna marina, la pesca y el turismo antártico. Los amparistas habían aportado evidencia científica sobre posibles riesgos para la merluza negra y el langostino, principales recursos de la flota radicada en Ushuaia y Río Grande.
Representantes de las empresas manifestaron su sorpresa por la medida y adelantaron que apelarán el fallo ante instancias superiores. Argumentan que el proyecto ya había cumplido con las instancias de audiencia pública realizadas en 2024 y que cuenta con los permisos de la Secretaría de Energía de la Nación.
El debate sobre la explotación offshore divide aguas en Tierra del Fuego. Mientras cámaras empresarias como AFARTE y sectores de la construcción ven en el petróleo una alternativa al declive del subrégimen industrial, ambientalistas y parte de la comunidad científica advierten sobre los riesgos de un derrame en una zona de corrientes complejas y de alto valor ecológico.
La resolución judicial también ordena al Gobierno provincial y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) abstenerse de otorgar nuevos permisos o incentivos fiscales vinculados al proyecto hasta nuevo aviso. Se espera que en los próximos días se conozca la fecha de la audiencia donde se tratará el fondo de la cuestión.
Para el fueguino común, el freno judicial implica una pausa en las expectativas de nuevos puestos de trabajo en la zona norte de la provincia, pero también evita posibles daños irreversibles al ecosistema marino del que dependen cientos de familias que viven de la pesca. El equilibrio entre desarrollo económico y preservación ambiental vuelve a estar en el centro del tablero político provincial.