La Legislatura comenzará el 4 de noviembre el debate del Presupuesto 2027
La Comisión de Economía recibirá durante tres semanas a funcionarios provinciales para analizar un proyecto de $2,74 billones con déficit de casi $138.000 millones y cambios impositivos. Se desconoce aún qué ajustes se realizaron tras el Presupuesto Nacional.
La Legislatura de Tierra del Fuego iniciará el miércoles 4 de noviembre el tratamiento en comisión del proyecto de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio 2027. El cronograma, que se extenderá por tres semanas con siete jornadas de reuniones, fue informado por el legislador Matías Lapadula, presidente de la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda, Finanzas y Política Fiscal N° 2.
El proyecto, remitido por el Poder Ejecutivo a fines de agosto a través del Mensaje 22/26 e ingresado como asunto 475/26, prevé gastos por $2.743 billones y recursos por $2.605 billones. De esta manera, se proyecta un déficit financiero de $137.955,8 millones, equivalente al 5,3% de los ingresos estimados. Para cubrirlo se contemplan fuentes financieras por $276.953,7 millones y aplicaciones financieras por $138.997,9 millones.
Todavía se desconoce qué modificaciones introdujo el Ministerio de Economía para alinear las previsiones provinciales con el proyecto de Presupuesto Nacional, que fue presentado unos quince días después. Las exposiciones de los funcionarios en comisión permitirán aclarar si se actualizó el cálculo de recursos, el monto del déficit o las necesidades de financiamiento.
La Provincia había elaborado su anteproyecto con una inflación interanual del 21,5%, un crecimiento económico del 3,2% y un dólar estimado en $2.017 para diciembre de 2027. El ministro de Economía, Alejandro Barrozo, había señalado en septiembre que, una vez conocidas las proyecciones nacionales, se podría actualizar especialmente la estimación de coparticipación.
En la distribución del gasto, los servicios sociales —que incluyen educación, salud, vivienda y promoción social— concentran alrededor de $1,73 billones, más del 63% del total. Le siguen Administración Gubernamental con $708.083 millones, Servicios Económicos (energía, infraestructura y producción) con $162.858 millones y Seguridad con $118.176 millones.
El texto plantea restricciones en el empleo público: suspenderá durante 2027 la cobertura de vacantes, salvo excepciones para servicios esenciales sujetas a disponibilidad presupuestaria. Para el gasto salarial se toma como base la masa de diciembre de 2026 más un crecimiento vegetativo del 4%, que no implica pauta de recomposición salarial. Además, se prevé un régimen de retiro voluntario para agentes con diez años de antigüedad, con un tope del 5% de los cargos y eliminación de los puestos liberados.
En el plano financiero, se solicita autorización para endeudamiento de hasta $50.000 millones para obras de infraestructura, se fija en $100.000 millones el programa de Letras del Tesoro y se permite financiamiento de hasta doce meses para desequilibrios estacionales de caja, con tope del 10% del gasto total. El servicio de la deuda demandaría $83.268 millones (capital e intereses), de los cuales $16.809 millones corresponden a intereses.
Los cambios tributarios ocuparán un lugar central en el debate. El Ejecutivo propone suspender durante 2027 las reducciones del 15% o 8% en Ingresos Brutos para contribuyentes cumplidores, quienes pasarían a pagar la alícuota plena. Barrozo estimó que las modificaciones de alícuotas alcanzarían al 25% del nomenclador y generarían una recaudación adicional de $30.000 millones por Ingresos Brutos y otros $10.000 millones por Sellos.
Entre los ejemplos más relevantes, en servicios de apoyo a la pesca la carga conjunta de Ingresos Brutos y Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales pasaría del 0,75% al 5%. En cambio, para la extracción de petróleo y gas bajaría del 4,5% al 3%. En Sellos se establece una alícuota del 12 por mil para liquidaciones de tarjetas de crédito y se modifican tratamientos de contratos, operaciones bancarias, seguros y compraventas.
También se definen tasas específicas: 10 por mil para actos generales, 15 por mil para fideicomisos y alquileres comerciales, 20 por mil para transferencias de inmuebles y 25 por mil para operaciones con automotores. Se contempla tasa cero para alquileres de vivienda única, familiar y permanente.
El proyecto redefine además el destino de parte de la recaudación. El fondo para personas sin cobertura social recibiría el 7% de Ingresos Brutos. Del Impuesto Inmobiliario Rural se destinaría el 20%: 10 puntos para caminos, 5 para manejo de perros y 5 para incendios forestales. Este punto se cruza con el proyecto de financiamiento educativo, que busca asignar hasta el 40% de los recursos generados por cambios en alícuotas o revalúos del Inmobiliario.
La discusión se da luego de la fuerte actualización de valuaciones rurales para 2026, que elevó el valor básico de la hectárea libre de mejoras de $900 a $81.623,46. También existe superposición en el impuesto al gas: el Presupuesto prevé 3,4% para el Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales y el proyecto educativo otro 3,4%, lo que podría llevar la carga al 6,8% si no se modifica.
La primera jornada será el miércoles 4 de noviembre. A las 10:00 expondrán Jefatura de Gabinete, Economía y la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF). A las 14:30 será el turno del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia. El cronograma completo se extenderá hasta el miércoles 18 e incluirá a todos los ministerios, organismos descentralizados, empresas estatales, el Poder Judicial y órganos de control.
Los fueguinos seguirán con atención este debate, ya que el Presupuesto define el financiamiento de servicios esenciales, el nivel de obra pública, la presión tributaria sobre las actividades productivas y la sostenibilidad de las cuentas provinciales en un contexto económico complejo.