Sociedad

Las tierras de la Armada: debate que Ushuaia arrastra desde hace 23 años

Un informe recuerda que desde 2003 la ciudad conoce la posibilidad de incorporar los predios militares y que aún no definió cómo urbanizarlos ni protegerlos. La discusión vuelve a la agenda pública.

Publicado el 28 de julio de 2026, 01:40 hs

Vista aérea de predios de la Armada Argentina en Ushuaia con edificios y vegetación circundante

Ushuaia no puede fingir sorpresa. Hace exactamente 23 años que sabe que las tierras de la Armada podían incorporarse al ejido urbano y que era necesario decidir cómo protegerlas, urbanizarlas y abrirlas al uso público. Sin embargo, el debate reaparece cada tanto como si fuera novedad.

Así lo señala el licenciado en Ciencia Política y magister en Desarrollo Económico Luis Castelli, quien fuera responsable de la Oficina de Coordinación del Plan Estratégico Ushuaia entre 2001 y 2003. En un análisis publicado por Tiempo Fueguino, Castelli recuerda que ya en ese entonces existían documentos y acuerdos que contemplaban la transferencia de esos predios al municipio.

“Ushuaia no puede fingir sorpresa”, afirma con contundencia el especialista. Según su relato, desde principios de la década de 2000 se venía trabajando en la idea de que parte de las tierras bajo jurisdicción naval pasaran a dominio municipal para ampliar las posibilidades de crecimiento ordenado de la capital fueguina.

El tema ganó fuerza nuevamente en los últimos meses. Vecinos, ambientalistas y concejales de distintos bloques volvieron a pedir definiciones concretas sobre el destino de esos terrenos, que incluyen zonas con valor paisajístico, histórico y potencial urbanístico. Algunos sectores proponen crear allí espacios verdes, equipamiento comunitario o áreas de esparcimiento; otros advierten sobre los riesgos de una urbanización descontrolada en una ciudad que ya enfrenta serios problemas de vivienda y servicios.

Castelli remarca que el Plan Estratégico de principios de siglo ya incluía líneas de acción específicas para estos predios. Entre ellas, la necesidad de preservar áreas de alto valor ecológico, integrar los terrenos al tejido urbano existente y generar mecanismos de participación ciudadana para definir su uso futuro. Sin embargo, dos décadas después, la mayoría de esas recomendaciones siguen en papel.

Desde el municipio reconocen que el tema está sobre la mesa, pero sostienen que cualquier avance requiere acuerdos con el Gobierno nacional y con la propia Armada Argentina. Fuentes consultadas por este medio indicaron que existen conversaciones en curso, aunque sin plazos definidos. “No es una decisión que se tome de un día para el otro”, admitieron.

En paralelo, organizaciones vecinales de los barrios aledaños reclaman que se priorice el acceso público al borde costero y se evite cualquier tipo de privatización encubierta. “Esas tierras son de todos los fueguinos, no pueden terminar en manos de unos pocos”, expresó una vecina de la zona de El Martial que participa de las asambleas barriales.

El caso también tiene aristas jurídicas. Parte de los terrenos están bajo ley de seguridad nacional y otros fueron declarados de interés histórico-militar, lo que complica los trámites de transferencia. Además, cualquier proyecto urbanístico debe contemplar las restricciones ambientales impuestas por el Parque Nacional Tierra del Fuego, que limita el crecimiento hacia el oeste.

Castelli concluye su análisis recordando que las ciudades que planifican con anticipación logran mejores resultados. “Llevamos 23 años sabiendo que esto podía pasar y seguimos sin una hoja de ruta clara”, señala. Para el exfuncionario, es momento de que el Concejo Deliberante impulse una ordenanza que establezca criterios claros de uso del suelo, participación ciudadana y protección de los valores naturales y culturales de la zona.

Mientras tanto, la discusión sigue abierta. En una provincia donde el suelo urbano escasea y el costo de la vivienda no para de subir, el destino de las tierras de la Armada se ha convertido en uno de los temas centrales de la agenda local. Ushuaia tiene la oportunidad –y la responsabilidad– de cerrar un debate que lleva más de dos décadas.

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