Lechman: “Río Grande no es una burbuja, pertenece a una provincia”

El legislador provincial Jorge Lechman, de Somos Fueguinos, expresó su respaldo al dictamen que permitirá avanzar en la regularización de tierras para familias productoras de la Margen Sur de Río Grande. Durante la sesión, el referente fueguino remarcó que estos emprendimientos no son un fenómeno aislado, sino parte integral del desarrollo de la provincia.

“Río Grande no es una burbuja, pertenece a una provincia”, afirmó Lechman, en una frase que resume su visión sobre la interdependencia entre los tres municipios fueguinos. El legislador reconoció el esfuerzo de productores que llevan años trabajando la tierra en la zona sur de la ciudad y subrayó que su crecimiento genera beneficios que trascienden los límites locales.

La iniciativa legislativa busca otorgar seguridad jurídica a familias que han desarrollado actividades productivas, principalmente en el sector agropecuario y forestal, en terrenos fiscales de la Margen Sur. Según el dictamen aprobado, se avanzará en la mensura y posterior titulación de estos lotes, lo que permitiría a los productores acceder a créditos, subsidios y programas provinciales de fomento.

Lechman destacó que estas regularizaciones no solo resuelven un problema histórico para las familias involucradas, sino que también fortalecen la economía provincial en su conjunto. “El crecimiento de estos emprendimientos beneficia a toda Tierra del Fuego”, señaló, aludiendo a la generación de empleo, la producción de alimentos locales y el arraigo de pobladores en la zona norte de la isla.

Desde la perspectiva municipal, el tema tiene especial relevancia para Río Grande, que concentra la mayor población industrial y productiva de la provincia. Sin embargo, Lechman insistió en que las soluciones deben pensarse a escala provincial, evitando enfoques aislados que ignoren la realidad compartida de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.

El proceso de regularización contempla un relevamiento previo de las familias ocupantes, la verificación de que no existan superposiciones con otras actividades y el cumplimiento de requisitos ambientales y productivos. Una vez aprobado definitivamente en el recinto, la medida pasaría al Poder Ejecutivo para su implementación, con plazos estimados de entre 12 y 18 meses para los primeros títulos.

Este tipo de iniciativas se enmarcan en una política más amplia de ordenamiento territorial que busca compatibilizar el crecimiento urbano con el desarrollo productivo sustentable, especialmente en una provincia donde el acceso a la tierra es un tema sensible tanto en el ámbito rural como en el periurbano.

Para los vecinos de Río Grande, la regularización representa una oportunidad concreta de mejorar sus condiciones de vida y de inversión, mientras que para el resto de la provincia implica la consolidación de una cadena productiva que puede abastecer mercados locales y generar valor agregado en origen.