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Luft: Tierra del Fuego necesita inversión y profesionales para aplicar la Ley Penal Juvenil

El abogado riograndense Martín Luft advirtió que la provincia carece de infraestructura, recursos y equipos especializados para implementar el nuevo Régimen Penal Juvenil. La normativa busca la reinserción de adolescentes en conflicto con la ley, pero su aplicación efectiva depende de fuertes inversiones.

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Crecimiento del 20% anual en cárceles fueguinas exige más espacios y ley provincial
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El abogado riograndense Martín Luft analizó los desafíos que enfrenta Tierra del Fuego para poner en marcha el nuevo Régimen Penal Juvenil, recientemente aprobado a nivel nacional y que comenzará a regir de manera progresiva en todo el país.

En declaraciones recogidas por la redacción, Luft sostuvo que la provincia requiere de manera urgente inversión en infraestructura, formación de equipos interdisciplinarios y contratación de profesionales especializados en niñez, adolescencia y reinserción social si se pretende cumplir con los objetivos rehabilitadores y educativos que plantea la ley.

La normativa establece un sistema diferenciado para adolescentes de 13 a 18 años que cometan delitos, priorizando medidas socioeducativas por sobre el encierro. Entre sus puntos centrales figura la creación de centros especializados, programas de acompañamiento familiar y la intervención de equipos técnicos que evalúen cada caso de manera individualizada.

Según el letrado, la realidad fueguina presenta serias limitaciones. “No contamos con los centros de contención ni con los recursos humanos capacitados para aplicar la ley en sus términos”, señaló Luft, quien recordó que la provincia ya arrastra déficits históricos en materia de políticas de niñez y adolescencia.

Luft, con amplia trayectoria en derecho penal y derechos humanos en Río Grande, explicó que la implementación demandará reformas en el Poder Judicial provincial, capacitación obligatoria para fiscales, defensores y jueces, y la creación de al menos dos centros de referencia en las ciudades más grandes de la isla.

El nuevo régimen también exige coordinación entre los tres poderes del Estado y los municipios. En ese sentido, el abogado consideró indispensable que el Gobierno provincial incorpore partidas específicas en el presupuesto 2027 para financiar la adecuación al nuevo marco legal.

“La ley es clara en cuanto a que la privación de libertad debe ser la última ratio y de menor duración posible. Eso solo se logra con programas de reinserción reales, con seguimiento psicológico, educativo y laboral. Sin inversión, corremos el riesgo de que la norma quede en papel”, alertó.

Desde la Legislatura provincial ya se anticiparon debates para adherir y adaptar la legislación local al nuevo régimen nacional. s cercanas a la Casa de Gobierno indicaron que el Ministerio de Gobierno y Justicia viene trabajando en un diagnóstico preliminar, aunque aún no se han hecho públicos los montos que demandaría la implementación plena.

Luft insistió en que el éxito de la Ley Penal Juvenil en Tierra del Fuego dependerá directamente de la voluntad política de asignar recursos. “No se trata solo de sancionar una ley. Se trata de construir un sistema que realmente proteja a la sociedad y al mismo tiempo brinde oportunidades de cambio a los jóvenes”, concluyó.

Para el fueguino común, la discusión trasciende lo técnico: una correcta aplicación de esta normativa podría reducir la reincidencia delictiva entre adolescentes y aliviar la presión sobre el sistema carcelario adulto, que hoy recibe a jóvenes que egresan de la minoridad sin herramientas de reinserción.

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