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Melella consiguió la Ley de Financiamiento Educativo sin aumentos salariales inmediatos

La norma aprobada crea nuevas alícuotas de Ingresos Brutos, actualiza el Impuesto Inmobiliario Rural y destina recursos de empresas estatales, pero posterga la recomposición docente y permite diferir el 7,8% de inversión si cae la recaudación.

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Gracianía: la Ley de Financiamiento Educativo “es una cáscara vacía” que no mejora salarios ni infraestructura
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El gobernador Gustavo Melella consiguió la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo en la Legislatura de Tierra del Fuego. La iniciativa, que se presentó como una herramienta para fortalecer la educación pública, genera nuevas fuentes de recaudación pero no garantiza aumentos salariales inmediatos para los docentes.

El dictamen del Asunto 659/26, elaborado por las comisiones 4 y 2 sobre el Asunto 519/26, establece un régimen permanente que incluye una alícuota adicional del 3% sobre Ingresos Brutos para el Banco de Tierra del Fuego, sin que esa carga pueda trasladarse a los clientes. También incorpora una alícuota del 3,4% para la actividad del gas identificada con el código 352022, cuyos recursos se repartirán en un 40% para infraestructura educativa y un 60% para obras de gas natural y conexiones domiciliarias.

En este último caso, si el organismo regulador autoriza el traslado del costo a las facturas de los usuarios, la recaudación deberá cesar de inmediato. Además, se actualizará anualmente la valuación fiscal del Impuesto Inmobiliario Rural para 2026 según el Índice de Precios al Consumidor del INDEC, tomando como referencia el mes de septiembre.

La norma también contempla incorporar al financiamiento educativo una proporción de recursos adicionales por modificaciones impositivas rurales, actividades estratégicas, utilidades de empresas estatales y recaudación vinculada a Terra Ignis Energía S.A. Sin embargo, no todos estos recursos representan ingresos nuevos ni inmediatos.

Respecto de los salarios docentes, el artículo 11 dispone que los recursos se orientarán progresivamente a reducir la brecha entre la remuneración del cargo docente testigo y determinados parámetros vinculados al salario mínimo, vital y móvil. No fija monto, fecha ni plazo para los aumentos. El Poder Ejecutivo deberá informar trimestralmente la evolución salarial y las diferencias existentes.

En cuanto a la inversión educativa, el artículo 4 establece que se deberá alcanzar progresivamente el 7,8% del Producto Bruto Geográfico. El camino previsto es de cinco ejercicios: 4,5% en el primero, 4,95% en el segundo, 5,7% en el tercero, 6,6% en el cuarto y 7,8% en el quinto. No obstante, si se registra una caída real del PBG, de la recaudación provincial o de la coparticipación federal, el Ejecutivo podrá diferir el escalón correspondiente mediante un informe técnico y reprogramación ante la Legislatura. Ese ejercicio exceptuado no se computará en el plazo, por lo que la meta podría demorarse más allá de los cinco años.

El artículo 10 define una distribución inicial de los recursos del Fondo: 40% para fortalecer salarios docentes, 40% para infraestructura, mantenimiento y mejoras, y 20% para equipamiento tecnológico y recursos pedagógicos. Sin embargo, esa distribución es orientativa y el Poder Ejecutivo podrá modificar los porcentajes, siempre respetando las restricciones legales de cada fuente.

La ley entrará en vigencia tras su promulgación y las disposiciones tributarias se aplicarán desde el primer día del mes siguiente al de su publicación, según el artículo 25. Los incrementos salariales, en cambio, dependerán de las asignaciones presupuestarias y del proceso de convergencia progresiva, sin obligación de aplicar una suba inmediata.

La norma también crea un Observatorio de Financiamiento Educativo y establece mecanismos de control e informes trimestrales. De esta forma, mientras las herramientas de recaudación tienen plazos concretos, las mejoras salariales y la meta de inversión educativa admiten postergaciones y dependen de la evolución económica y de las decisiones presupuestarias futuras.

Con información de medios locales.

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