Industria

Melella le debe $17.000 millones a Río Grande y Pérez advierte: "No nos van a disciplinar"

El intendente de Río Grande reclamó el pago de la deuda acumulada por la provincia con el municipio y advirtió que las medidas de ajuste no lograrán disciplinar a las ciudades fueguinas.

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Río Grande reclama una deuda provincial de $17.000 millones
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El intendente de Río Grande, Martín Pérez, salió a cruzar con dureza al gobernador Gustavo Melella por la deuda que la provincia mantiene con el municipio, que supera los 17.000 millones de pesos. "No hay plata", fue la respuesta que recibió de la Casa de Gobierno, una frase que ya se volvió habitual en los despachos fueguinos.

Según los números que maneja el Ejecutivo riograndense, la provincia acumuló compromisos impagos por obras, coparticipación y otros conceptos que hoy complican el funcionamiento de la ciudad más poblada de Tierra del Fuego. Pérez fue claro: "No nos van a disciplinar con la licuadora".

La tensión entre ambas administraciones viene escalando desde hace meses. En Río Grande, donde se concentra el grueso del parque industrial electrónico amparado por la Ley 19.640, cada recorte o demora en las transferencias se siente en el bolsillo de los trabajadores y en las cuentas municipales.

"El subrégimen industrial es el corazón del empleo en la provincia, pero si la provincia no cumple con sus obligaciones, las ciudades no pueden sostener los servicios ni acompañar las demandas de las familias", señaló Pérez en declaraciones recogidas por medios locales.

La advertencia del intendente no es retórica. Río Grande alberga a las principales terminales de Mirgor, Newsan y BGH, que en los últimos meses han recurrido a suspensiones y ajustes de personal ante la caída de la demanda y la incertidumbre por posibles cambios en el régimen arancelario. AFARTE y la UOM ya advirtieron que cualquier modificación al subrégimen impacta directamente en la línea de montaje y en los recibos de sueldo.

Desde el municipio remarcan que parte de esa deuda provincial se origina en fondos que deberían destinarse a infraestructura productiva y apoyo al empleo. "No estamos pidiendo favores, estamos exigiendo lo que nos corresponde por ley", insistieron desde el entorno de Pérez.

El gobernador Melella, por su parte, enfrenta un escenario de fuerte ajuste fiscal impuesto por la Nación. La "licuadora" —como la definió el intendente— reduce mes a mes las transferencias discrecionales y obliga a reasignar partidas. En la Casa de Gobierno argumentan que la prioridad es pagar salarios provinciales y mantener el gas invernal en la zona norte, otro tema sensible para Río Grande.

Sin embargo, la posición de Pérez es firme: la ciudad no aceptará que el ajuste se traslade hacia los municipios. "Si no hay plata para pagar lo que deben, que lo digan claramente y busquemos juntos una solución, pero no nos van a disciplinar", reiteró.

El conflicto se da en un contexto donde la diversificación productiva sigue siendo una asignatura pendiente. El parque industrial de Río Grande sigue dependiendo casi exclusivamente de la electrónica de consumo, vulnerable a cada cambio de aranceles que se decide en Buenos Aires. Las suspensiones de personal en las terminales se han vuelto más frecuentes y los delegados de la UOM reportan preocupación por la estabilidad laboral.

Desde AFARTE admiten en privado que la pelea entre provincia y municipio genera incertidumbre adicional en un sector que ya enfrenta caída de ventas y competencia de importados. Un eventual default de la provincia con sus ciudades podría complicar aún más el panorama para las fábricas que necesitan previsibilidad.

La deuda de 17.000 millones no es un detalle contable. Se traduce en obras paralizadas, servicios bajo presión y familias que ven cómo el costo de vida en Tierra del Fuego sigue subiendo mientras los recursos prometidos no llegan. Para el fueguino de a pie, la discusión entre Melella y Pérez no es una interna política: es el recibo de sueldo, el boleto de colectivo y la factura de gas los que terminan pagando el ajuste.

Hasta el momento no hubo una respuesta oficial de la provincia a las declaraciones del intendente riograndense. El reloj corre y, en una provincia donde el empleo industrial es casi un sinónimo de supervivencia económica, cada día sin solución profundiza la brecha entre Río Grande y Ushuaia.

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