Piden 7 años de prisión por abuso sexual a su empleada doméstica en Río Grande
La Fiscalía solicitó una condena de 7 años de prisión efectiva para un hombre de 41 años acusado de abusar sexualmente de la mujer que trabajaba en su casa en 2019. El caso, que se debate en los Tribunales de Río Grande, expone la vulnerabilidad de las trabajadoras del servicio doméstico.
La Fiscalía de Río Grande solicitó este miércoles una condena de 7 años de prisión efectiva para un hombre de 41 años imputado por abuso sexual agravado. La víctima es una mujer que realizaba tareas de limpieza en la vivienda del acusado en 2019.
Según la acusación, los hechos ocurrieron en el domicilio particular del imputado, ubicado en la ciudad de Río Grande, donde la damnificada prestaba servicios de empleada doméstica. La investigación penal se inició tras la denuncia de la mujer y, tras años de instrucción, el caso llegó a la etapa de alegatos en el juicio oral.
El requerimiento de pena fue formulado por el fiscal a cargo del caso durante la jornada de alegatos. La calificación legal contempla el abuso sexual agravado por haberse producido en un contexto de relación de dependencia y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la trabajadora.
Desde la querella que representa a la víctima se adhirió al pedido de la Fiscalía, solicitando la misma pena de 7 años de prisión. Los defensores del imputado, en tanto, pidieron la absolución por considerar que no se acreditaron los hechos.
El caso vuelve a poner en evidencia las condiciones de precariedad que enfrentan muchas trabajadoras del servicio doméstico en la provincia. En Tierra del Fuego, como en el resto del país, este sector se caracteriza por altos niveles de informalidad, lo que dificulta la denuncia y el acceso a la justicia en casos de violencia o abuso.
Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer en los próximos días, una vez que el Tribunal de Juicio concluya la deliberación. La decisión tendrá impacto no solo en la vida del imputado y de la víctima, sino que también servirá como precedente en materia de protección de derechos laborales y de género en la provincia.
Desde la Casa de Gobierno y organismos como el Instituto Provincial de la Mujer se han impulsado en los últimos años campañas de sensibilización y líneas de asistencia para trabajadoras que sufren situaciones de violencia. Sin embargo, fuentes judiciales consultadas coinciden en que aún persisten barreras culturales y económicas que desincentivan las denuncias.
El juicio se desarrolló bajo las reglas del Código Procesal Penal de la provincia, con debate oral y público. La identidad de la víctima se mantiene bajo reserva, conforme a lo establecido por la ley provincial 1232 de protección a las víctimas de violencia de género.
Este tipo de casos obliga a revisar las condiciones de contratación del servicio doméstico en hogares fueguinos. Según datos de AREF y del Ministerio de Trabajo provincial, una parte significativa de estas trabajadoras aún no cuenta con aportes ni formalización plena, lo que las expone a mayores riesgos.