Sociedad

Puerto de Ushuaia: piden medidas cautelares para frenar la intervención

Publicado el 30/06/2026 21:30 hs

Edificio de Tribunales de Ushuaia con manifestantes y carteles frente a la entrada
Infofueguina

La empresa concesionaria del Puerto de Ushuaia presentó un recurso judicial para suspender la intervención dispuesta por el Municipio. Argumentan irregularidades en el proceso y posibles perjuicios a la operatividad del terminal.

La empresa Ushuaia Port S.A., concesionaria del Puerto de Ushuaia, solicitó ante la Justicia medidas cautelares para suspender de manera inmediata la intervención dispuesta por la Municipalidad de Ushuaia. La presentación se realizó este miércoles en los tribunales locales y busca frenar lo que consideran una medida arbitraria e irregular.

Según el escrito al que tuvo acceso El Diario de Tierra del Fuego, los abogados de la concesionaria sostienen que la intervención ordenada por el intendente Walter Vuoto viola principios básicos del debido proceso y carece de fundamentos técnicos y jurídicos suficientes. “No se nos dio oportunidad de defensa ni se acreditó la existencia de una situación de emergencia que justifique una medida tan drástica”, indicaron fuentes cercanas a la empresa.

La intervención fue anunciada la semana pasada por el Municipio, que alega incumplimientos reiterados en la ejecución del contrato de concesión, especialmente en materia de obras de mantenimiento, seguridad operativa y pago de cánones. Desde la comuna señalaron que la medida busca garantizar la continuidad del servicio y proteger los intereses de la ciudad, principal puerto de acceso a la Antártida.

Sin embargo, la concesionaria rechaza esas acusaciones y afirma que ha cumplido con todas las obligaciones contractuales, incluso en un contexto económico adverso marcado por la inflación y el aumento de los costos operativos. “Hemos invertido más de 800 millones de pesos en los últimos tres años en infraestructura portuaria, dragado y mejoras de seguridad”, destacaron.

La presentación judicial incluye un pedido de medida cautelar innovativa para suspender los efectos de la resolución municipal hasta que se resuelva el fondo de la cuestión. Los abogados solicitan también que se intime al Municipio a abstenerse de tomar cualquier acción que implique la toma de control del puerto o la designación de interventores.

Desde la Municipalidad de Ushuaia confirmaron que tomaron conocimiento de la acción judicial pero confiaron en que la medida de intervención se ajusta a derecho. “El puerto es un recurso estratégico para la provincia y no podemos permitir que se deteriore por incumplimientos sistemáticos”, expresó un vocero municipal que pidió reserva de su nombre.

El conflicto se da en un momento clave para el sector turístico fueguino. El puerto recibe anualmente más de 300 mil pasajeros de cruceros que eligen Ushuaia como gateway antártico. Cualquier interrupción en las operaciones podría generar pérdidas millonarias tanto para la empresa como para la cadena de valor que depende del turismo.

Fuentes judiciales indicaron que el juez en turno analizará en las próximas horas si corresponde otorgar la medida cautelar solicitada. De concederse, la intervención quedaría suspendida hasta que se dicte una sentencia definitiva. De lo contrario, el Municipio podría avanzar con la designación de un interventor en las próximas semanas.

Este no es el primer conflicto entre la actual gestión municipal y la concesionaria del puerto. En los últimos dos años se registraron varias disputas por el canon, el plan de obras y las condiciones de operación, aunque ninguna había llegado al extremo de una intervención.

Desde el gremio de trabajadores portuarios manifestaron preocupación por la situación. “Lo que menos necesitamos es una pelea judicial que termine afectando el laburo de la gente. El puerto tiene que seguir funcionando”, expresó el secretario general del SUPA, Jorge Sanmartín.

El caso será seguido de cerca por el Gobierno provincial, que ya manifestó su interés en que se garantice la normal operatividad del principal puerto de la provincia. Fuentes de la Casa de Gobierno indicaron que evalúan la posibilidad de actuar como “amigos del proceso” si el litigio se extiende en el tiempo.

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