Río Grande aporta el 80% al FAMP pero sus obras estratégicas siguen pendientes

Río Grande concentra cerca del 80% de los aportes industriales al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), según datos que maneja este medio. Sin embargo, la ciudad continúa a la espera de obras estratégicas que fortalezcan su producción, reduzcan costos logísticos y generen nuevas oportunidades económicas.

El último anuncio del gobernador Gustavo Melella fue un acuerdo de financiamiento por $19.857 millones destinado a ampliar la Planta Potabilizadora 4 de Ushuaia. La obra duplicará su capacidad de abastecimiento, de 20.000 a 40.000 habitantes, e incluirá una cisterna de reserva de 2.500 metros cúbicos. La necesidad de mejorar el servicio de agua en la capital no se discute. El interrogante que se abre es otro: mientras se destinan recursos millonarios a Ushuaia, ¿qué ocurre con los proyectos productivos que Río Grande necesita para sostener su desarrollo industrial?

El FAMP fue creado precisamente para ampliar y diversificar la matriz productiva de Tierra del Fuego. Sus recursos provienen de aportes vinculados al régimen de promoción industrial. El Decreto 111/2025 estableció una distribución del 60% para proyectos productivos y del 40% para obras de infraestructura orientadas al desarrollo económico. En ese esquema, la fuerte concentración de la industria electrónica y manufacturera en Río Grande explica el peso que la ciudad tiene en la generación de aportes al fondo.

Pese a ello, ese peso económico no se traduce todavía en obras terminadas de relevancia. El caso más visible es el puerto multipropósito de Río Grande, un proyecto que según el presidente de RGA Activa, Juan Pablo Deluca, estaba incluido y aprobado dentro del FAMP. En declaraciones a FM Radio del Pueblo, Deluca cuestionó la falta de avances y señaló que su concreción habría ampliado las alternativas logísticas para las empresas locales, reduciendo costos de transporte y producción. También advirtió sobre las limitaciones que implica depender del puerto de Ushuaia para determinadas operaciones.

“Fue una gran oportunidad perdida”, planteó Deluca, aunque expresó su expectativa de que el fondo pueda volver a utilizarse para impulsar iniciativas productivas. La pregunta que queda pendiente es concreta: cuál es el estado administrativo y financiero del proyecto, qué pasos se completaron desde su aprobación y qué obstáculos impidieron su avance.

La discusión tiene también una dimensión política. Tanto el gobernador Gustavo Melella como el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, pertenecen a espacios afines y comparten coincidencias en su orientación y modelo de gestión. Esa relación genera interrogantes sobre las prioridades de inversión provincial: si la afinidad entre ambos influye en qué obras reciben impulso y cuáles quedan postergadas.

No existen elementos suficientes para afirmar un favoritismo explícito. Sin embargo, la comparación entre los anuncios de inversión en la capital y la falta de concreción de proyectos estratégicos en Río Grande justifica exigir explicaciones públicas sobre los criterios de asignación de recursos. La cuestión no pasa por enfrentar las necesidades de una ciudad contra las de otra, sino por determinar si los fondos destinados a diversificar la economía fueguina se distribuyen con criterios transparentes y si las iniciativas aprobadas se ejecutan efectivamente.

La coincidencia política entre Melella y Vuoto también invita a evaluar los resultados concretos de sus gestiones. Mientras en Ushuaia se anuncia una inversión cercana a los 20 mil millones de pesos para infraestructura de agua potable, en Río Grande una obra logística de alto impacto sigue sin materializarse. Esa diferencia obliga a preguntar qué lugar ocupa el desarrollo industrial del norte provincial en las prioridades oficiales.

Si Río Grande genera cerca del 80% de los aportes al FAMP, sus vecinos tienen derecho a conocer qué proyectos se financiaron, cuáles fueron rechazados o demorados y qué inversiones concretas se prevén para la ciudad. El puerto multipropósito representa una prueba concreta para responder ese interrogante. La ciudad no necesita solamente anuncios: necesita respuestas verificables sobre qué ocurrió con el proyecto, quiénes son responsables de su demora y cuándo habrá una decisión definitiva sobre su futuro.