Río Grande denuncia deuda de $17.200 millones en coparticipación y habla de ahogo financiero

El municipio de Río Grande elevó el tono de su reclamo por el retraso en las transferencias de coparticipación provincial y cuantificó la deuda en $17.200 millones.

El secretario de Gobierno municipal, Gastón Díaz, aseguró en declaraciones a Radio Provincia que hay partidas con más de 60 días de atraso y que la situación ya genera consecuencias directas en servicios esenciales. “Existe la decisión política de la Provincia de ahogar financieramente al pueblo de Río Grande”, afirmó.

Según el funcionario, la falta de recursos impacta en el sistema de salud municipal, en los programas de asistencia social, en la ejecución de obra pública y en la negociación salarial con los empleados de la comuna. “Diálogo existe; lo que no existe son las transferencias de fondos”, remarcó.

El reclamo se enmarca en la histórica discusión por la distribución de recursos entre la Provincia y sus tres municipios. Río Grande, como principal polo industrial de Tierra del Fuego, aporta una parte significativa de la recaudación provincial a través de la actividad económica generada por el subrégimen de la Ley 19.640, pero sostiene que recibe de vuelta menos de lo que le corresponde.

Desde la gestión municipal se insiste en que los atrasos no son puntuales sino sistemáticos y que complican el normal funcionamiento de la administración local. La cifra de $17.200 millones representa un monto que, de acuerdo a las estimaciones comunales, equivale a varios meses de coparticipación y que pone en riesgo la continuidad de servicios básicos para los riograndenses.

En el último año, la relación entre la Gobernación y el municipio de Río Grande ha tenido varios capítulos de tensión precisamente por la coparticipación y por el reparto de fondos extraordinarios. Aunque ambas partes suelen coincidir en la necesidad de diálogo, los números muestran un desfase que, según Díaz, ya no puede postergarse.

El secretario de Gobierno fueguino evitó dar detalles de eventuales acciones judiciales, pero dejó claro que el municipio no descarta ninguna vía para recuperar los fondos adeudados. “No estamos pidiendo nada extraordinario, sino lo que por ley nos corresponde”, indicó.

Para el vecino de Río Grande, el impacto se traduce en demoras en la atención sanitaria, en la suspensión o postergación de obras de pavimentación, iluminación y mejoramiento urbano, y en la incertidumbre sobre el cierre de las paritarias municipales. En un contexto de inflación y aumento del costo de vida, estos atrasos terminan recayendo directamente sobre el bolsillo y la calidad de vida de los riograndenses.

Desde la Casa de Gobierno aún no se emitió una respuesta oficial a las declaraciones de Díaz, aunque en ocasiones anteriores se ha argumentado que los pagos se realizan conforme a la disponibilidad de caja y a las prioridades presupuestarias provinciales.

El conflicto por la coparticipación vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de revisar los mecanismos de distribución de recursos en Tierra del Fuego, un debate que se repite cada vez que se discute el presupuesto provincial o la ley impositiva. Para Río Grande, la ecuación es clara: sin los fondos adeudados, resulta imposible cumplir con las obligaciones contraídas con la comunidad.