Superior Tribunal ordenó al Municipio de Ushuaia responder pedidos de información de concejal Tavarone
El máximo tribunal provincial revocó un fallo de Cámara y obligó al Ejecutivo de Walter Vuoto a entregar datos sobre personal, contratos, servicios no personales, la Casa Ushuaia y licitaciones. El conflicto judicial lleva más de un año.
El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego revocó una resolución de la Cámara y ordenó al Municipio de Ushuaia que responda de manera completa, clara y oportuna los pedidos de acceso a la información pública que presentó el concejal Valter Tavarone.
La decisión judicial vuelve a poner bajo la lupa el manejo de la información dentro del Ejecutivo municipal que encabeza Walter Vuoto. El conflicto se arrastra desde hace más de un año y gira en torno a una serie de requerimientos sobre la estructura administrativa, el personal y el destino de recursos públicos de la ciudad más austral del país.
Entre los datos reclamados se encuentran la cantidad real de empleados municipales y contratados, los denominados “servicios no personales”, las contrataciones vinculadas a la Casa Ushuaia en Buenos Aires, el funcionamiento de la Planta de Asfalto y las licitaciones de servicios públicos.
Uno de los puntos que más interrogantes genera es la Casa Ushuaia. Tavarone había advertido sobre la existencia de más de 100 contratos cuya justificación, según sus cuestionamientos, no estaría suficientemente aclarada. La información permitiría conocer quiénes fueron contratados, bajo qué condiciones y qué tareas justifican esas vinculaciones.
El caso llegó a los tribunales luego de que el concejal no obtuviera las respuestas que reclamaba del Municipio. Con la intervención del máximo tribunal provincial, el Ejecutivo quedó obligado a brindar información que, por principio, debería estar disponible para el ejercicio del control institucional.
El fallo plantea un interrogante político y administrativo: por qué una gestión municipal necesita una orden del Superior Tribunal para responder sobre su personal, sus contrataciones y sus procedimientos de compra. Cuando una administración demora o no entrega información pública, las dudas tienden a crecer, especialmente cuando los datos involucran el uso de recursos de los contribuyentes.
La resolución judicial establece que el Municipio debe responder los requerimientos en los términos ordenados por la Justicia. Para los vecinos de Ushuaia, el derecho a saber cómo se administra el municipio, cuántos recursos se destinan a personal y contrataciones y bajo qué criterios se adjudican los servicios públicos no debería depender de una batalla judicial.
Si la información está en regla, como sostiene cualquier administración transparente, no debería costar tanto mostrarla.