Tierra del Fuego en el centro de la escena geopolítica desde 2018
Un seguimiento detallado de La Licuadora revela cómo la provincia se posicionó como actor clave en debates sobre soberanía, recursos y relaciones con Nación. El análisis abarca desde la reforma constitucional hasta la disputa por coparticipación y el impacto del RIGI.
Desde 2018, Tierra del Fuego ha ocupado un lugar cada vez más visible en la agenda geopolítica nacional, según un exhaustivo seguimiento realizado por el medio local La Licuadora. El análisis, que abarca ocho años de debates legislativos, presupuestarios y de política exterior, ubica a la provincia como un territorio estratégico no solo por su posición geográfica sino por su peso en la discusión sobre recursos naturales, soberanía y distribución de fondos federales.
El punto de partida del seguimiento se sitúa en la reforma parcial de la Constitución provincial de 2018, que modificó el artículo 88 e incorporó explícitamente la defensa de los derechos sobre Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Esa reforma, sancionada durante la gobernación de Rosana Bertone, estableció un marco institucional que luego se replicó en resoluciones legislativas y en la propia Ley de Presupuesto provincial de los años siguientes. Según los datos compilados, entre 2019 y 2022 se aprobaron al menos 14 iniciativas legislativas vinculadas a la soberanía y la proyección antártica, la mayoría con amplio consenso entre los 15 legisladores.
La pelea por la coparticipación federal se convirtió en otro eje central del posicionamiento fueguino. En 2021, la provincia litigó ante la Corte Suprema por el descuento del 1,4% destinado al Fondo de Incentivo Docente, lo que derivó en un fallo favorable en 2023 que obligó a la Nación a reintegrar más de 4.200 millones de pesos. Ese antecedente sirvió de base para las negociaciones de 2024 y 2025, cuando el gobierno de Gustavo Melella impulsó la adhesión condicionada al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) incluido en la Ley Bases. La adhesión fueguina, aprobada por la Legislatura en junio de 2025, incluyó salvaguardas específicas para proteger el subrégimen industrial de la Ley 19.640 y la recaudación de AREF.
El seguimiento de La Licuadora también destaca el rol de Ushuaia como gateway antártico y polo logístico. Desde la inauguración del Muelle de la Base Naval Integrada en 2022, el puerto local aumentó un 38% su movimiento de buques científicos y turísticos con destino al continente blanco. En paralelo, el proyecto Terra Ignis para la explotación de gas en la Cuenca Austral y las conversaciones con Total Austral por el desarrollo de Fénix pusieron a la provincia en el centro de la discusión energética nacional. El gas invernal, subsidio que representa alrededor del 12% del presupuesto provincial, fue objeto de intensas negociaciones con el Ministerio de Economía de la Nación durante 2025 y lo que va de 2026.
En materia pesquera, el informe registra un endurecimiento de la posición provincial contra la pesca ilegal en el Atlántico Sur. Entre 2020 y 2026, la Legislatura emitió seis declaraciones de repudio a la presencia de buques extranjeros en la zona de Malvinas y se impulsó la creación de un fondo específico para patrullaje marítimo con recursos de la coparticipación. La última iniciativa, presentada en mayo de 2026, propone destinar el 0,5% de la recaudación de AREF a la modernización de la Prefectura Naval en el puerto de Ushuaia.
El análisis también pone el foco en la relación entre Gobernación y municipios. Tanto Río Grande como Tolhuin acompañaron las principales iniciativas soberanas, aunque con matices en lo económico: mientras Río Grande prioriza la defensa del parque industrial, Tolhuin enfatiza el impacto en el sector forestal y turístico. En Ushuaia, la intendencia de Walter Vuoto impulsó ordenanzas que alinean el desarrollo portuario con la política antártica provincial.
A ocho años del inicio del seguimiento, el tablero político muestra que Tierra del Fuego ya no es solo un receptor de políticas nacionales sino un actor que condiciona la discusión. La letra chica de las leyes, el número exacto de los presupuestos y los expedientes administrativos siguen siendo, como siempre, la clave para entender hacia dónde se mueve la provincia.
Para el fueguino común, estos debates se traducen en empleo industrial, subsidio al gas, obras públicas financiadas con coparticipación y la certeza de que la soberanía no es solo una efeméride sino una política de Estado que impacta directamente en el bolsillo y en el futuro de las tres ciudades.