Tierra del Fuego prohíbe por ley los cortes de servicios a usuarios residenciales por falta de pago

La Legislatura de Tierra del Fuego sancionó esta semana una ley que prohíbe expresamente los cortes de luz, gas y agua a los usuarios residenciales por falta de pago. La iniciativa, impulsada desde el bloque oficialista y con apoyo transversal, busca resguardar el acceso a servicios básicos en una provincia donde el costo de vida y las tarifas vienen generando fuerte presión sobre los hogares.

Según el texto aprobado, las prestatarias —sean estatales o privadas— no podrán interrumpir el suministro domiciliario a familias por deudas acumuladas. La norma alcanza a todos los usuarios residenciales de la provincia, independientemente de la prestadora: DPOSS en Ushuaia, la Cooperativa Eléctrica en Río Grande o las distribuidoras de gas que operan en la zona norte y centro de la isla.

“En Tierra del Fuego, donde el invierno es largo y riguroso, el acceso al gas y a la electricidad no puede convertirse en un lujo”, señaló la legisladora que impulsó el proyecto durante el debate en el recinto. La iniciativa también contempla la posibilidad de que las empresas reclamen judicialmente las deudas, pero sin afectar la continuidad del servicio.

Desde el sector energético provincial indicaron que la medida genera preocupación por el impacto en la recaudación. En la Cuenca Austral, donde Total Austral y otras operadoras invierten fuertemente en el proyecto Fénix y en la producción de gas invernal, el cobro eficiente de las tarifas residenciales es clave para sostener la cadena de valor. Sin embargo, reconocen que en un escenario de inflación y ajuste de ingresos, los cortes masivos generan un problema social mayor.

La ley también obliga a las prestadoras a ofrecer planes de pago accesibles y a priorizar la regularización de deudas a través de facilidades administrativas. Fuentes de la AREF (Administración de Recursos Fiscales) estimaron que el porcentaje de morosidad residencial en servicios rondaba el 18% en el último trimestre, aunque no hay cifras oficiales desagregadas por ciudad.

En Río Grande, donde el parque industrial y la mano de obra ligada a la Ley 19.640 dependen indirectamente de la estabilidad de los costos energéticos, la norma fue celebrada por gremios como la UOM y por organizaciones vecinales. En Ushuaia, donde el turismo y el puerto conviven con un alto costo habitacional, la prohibición de cortes se interpreta como un alivio para familias que enfrentan alquileres elevados y tarifas que, aunque subsidiadas, impactan en el bolsillo.

Tolhuin, con su perfil más residencial y forestal, también se verá beneficiada. Allí, el acceso al gas de red es más reciente y cualquier interrupción genera complicaciones mayores en el corazón de la isla.

La norma entrará en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial de la provincia. Especialistas consultados advierten que su implementación requerirá mayor control estatal para evitar abusos y para garantizar que las empresas no trasladen los costos no cobrados a los usuarios al día o al presupuesto provincial.

Desde el bloque que promovió la ley destacaron que se trata de una medida de “soberanía energética popular”, en línea con la identidad fueguina que vincula el recurso natural —gas de la Cuenca Austral— con el bienestar de sus habitantes. “El gas que sale de nuestros yacimientos tiene que volver primero a las familias de Tierra del Fuego”, sintetizaron.

La oposición, si bien acompañó la sanción, pidió mayor precisión en los mecanismos de recupero de deudas y alertó sobre posibles distorsiones en el mercado energético provincial. El debate se da en paralelo a las discusiones nacionales sobre el RIGI y la atracción de inversiones offshore, donde Tierra del Fuego busca posicionarse como polo estratégico del Atlántico Sur.