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Tierra del Fuego reconoce deuda de $78.500 millones con Nación y pagará desde mayo de 2027

El convenio firmado por el gobernador Gustavo Melella y Luis Caputo establece la devolución del capital en ocho cuotas mensuales a partir de fines de mayo de 2027, con intereses que comienzan a pagarse en enero. El decreto ratificatorio ingresó a la Legislatura y podría tratarse este martes.

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Tierra del Fuego recibe otro adelanto de coparticipación por $45.000 millones
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La provincia de Tierra del Fuego reconoció una deuda neta de $78.527.873.134,50 con la Nación, que será cancelada mediante descuentos automáticos de coparticipación federal a partir de 2027.

El acuerdo se firmó el martes 20 de octubre entre el gobernador Gustavo Melella y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR). La provincia había adherido a ese mecanismo el 16 de diciembre de 2024. El decreto 1894/26 que ratifica el convenio ingresó el lunes 2 de noviembre a la Legislatura provincial y podría tratarse durante la sesión de este martes 3.

Según los términos del acuerdo, la provincia reconoce una deuda total de $84.732.191.780,82 compuesta por un adelanto de coparticipación de $80.000 millones más $4.732.191.780,82 de intereses calculados al 2 de octubre. A su vez, Nación reconoce adeudar a Tierra del Fuego $6.204.318.646,32, de los cuales $1.234 millones corresponden a ajustes del Consenso Fiscal de 2023, 2024, 2025 y primer semestre de 2026, y $4.970 millones provienen de obligaciones por obras públicas de vivienda.

Tras la compensación, el saldo a cargo de la provincia es de $78.527.873.134,50, lo que representa aproximadamente el 7,32% de la deuda reconocida con Nación. Este monto devengará intereses al 15% nominal anual desde la firma del convenio. Los intereses acumulados hasta el 31 de diciembre de 2026 se capitalizarán y, a partir de enero de 2027, comenzarán a pagarse mensualmente. El capital se amortizará en ocho cuotas mensuales, iguales y consecutivas, entre mayo y diciembre de 2027.

Sin considerar los intereses que se incorporarán al capital, cada cuota de amortización rondaría los $9.816 millones. El cobro se efectuará mediante retenciones directas de la coparticipación federal, lo que reducirá los recursos disponibles para el Estado provincial durante todo el año 2027.

Como parte del acuerdo, Tierra del Fuego se compromete a desistir del juicio por la eliminación del Fondo de la Soja, aunque el convenio no cuantifica el monto de ese reclamo. Además, la provincia deberá remitir de manera periódica a la Secretaría de Hacienda de la Nación información sobre presupuesto, deuda, salarios, saldos bancarios, recaudación y financiamiento a municipios. Queda abierta la posibilidad de celebrar nuevos acuerdos de compensación por otras obligaciones.

Los $4.970 millones de obras públicas incorporados al REOR provienen de créditos cedidos por el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH) a la provincia. Estos corresponden a proyectos habitacionales del programa Casa Propia en Ushuaia y Río Grande. El 2 de octubre, el ministro de Economía provincial, Alejandro Barrozo Marte, y la presidenta del IPVyH, Laura Montes, firmaron un convenio interno por el cual el organismo transfirió esas acreencias a cambio de la cancelación de deudas por $1.892.429.317,62. La diferencia superó los $3.077 millones y el IPVyH renunció a reclamar contraprestación adicional.

El decreto ratificatorio cuenta con el respaldo asegurado de los bloques de FORJA, PJ y Sumemos Tolhuin (siete votos). Si La Libertad Avanza suma sus dos legisladores, el acuerdo alcanzaría los nueve votos necesarios para su aprobación en la Legislatura. El apoyo libertario se presenta como una posibilidad al tratarse de un compromiso con el gobierno nacional de Javier Milei.

La operación no implica ingreso de fondos frescos ni condonación de deuda, sino la aplicación de acreencias provinciales para reducir el pasivo. El convenio no detalla si los créditos reconocidos a Tierra del Fuego incluyen intereses por mora o ajuste por inflación, lo que genera dudas sobre el valor real de las acreencias utilizadas.

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