Tribunal de Cuentas sancionó a la ministra Lucía Rossi por irregularidades en el RUPE
El organismo fiscalizador detectó documentación incompleta, falta de integración de sistemas, ausencia de controles contables y deuda histórica sin cuantificar al cierre de 2023. La ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia recibió un apercibimiento por no presentar el plan de acción exigido.
El Tribunal de Cuentas de la provincia expuso graves irregularidades en la administración del Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE) y aplicó un apercibimiento a la ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, María Emilia Lucía Rossi, integrante del gabinete del gobernador Gustavo Melella.
La auditoría oficial reveló documentación incompleta, sistemas informáticos que no se encuentran integrados, procedimientos administrativos sin formalizar y falta de controles contables. Además, se detectaron dificultades para determinar las deudas entre los organismos provinciales responsables de financiar y administrar las prestaciones. Uno de los puntos más preocupantes es que la deuda histórica correspondiente al cierre de 2023 aún no había sido cuantificada al momento del relevamiento.
El informe alcanzó no solo al Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, sino también a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), al Ministerio de Salud y a otras dependencias provinciales. Según los datos relevados, al 30 de junio de 2025 existían 834 beneficiarios activos del RUPE.
La gravedad de las observaciones llevó al Tribunal de Cuentas a exigir planes de acción concretos para corregir las deficiencias, con responsables y plazos definidos. Lucía Rossi fue notificada el 21 de agosto de 2026 y contaba con diez días para responder. Ante el incumplimiento, el organismo dictó la Resolución Plenaria 141/2026, mediante la cual le aplicó un apercibimiento y le otorgó cinco días adicionales para cumplir, bajo apercibimiento de multa.
La auditoría se cerró formalmente con la Resolución Plenaria 118/2026, pero el Tribunal exigió que los organismos involucrados implementen las medidas correctivas. El apercibimiento a la ministra no surge de una denuncia política, sino de una decisión formal del organismo encargado de controlar el uso de los recursos públicos.
Las deficiencias adquieren mayor relevancia ante los reclamos de familias que denuncian suspensiones o bajas de prestaciones pese a considerar que reúnen las condiciones para continuar recibiéndolas. La auditoría no determinó que esas medidas fueran arbitrarias ni comprobó un uso político de las pensiones, pero sí dejó expuestas debilidades en los sistemas de registro, control y administración que dificultan garantizar la transparencia.
En un régimen destinado a asistir a personas en situación de vulnerabilidad, la falta de información confiable y de controles adecuados representa un problema de primera magnitud. El Gobierno provincial debe ahora explicar cuántas pensiones fueron suspendidas o dadas de baja, cuáles fueron los fundamentos administrativos y qué mecanismos de revisión tuvieron las personas afectadas.
El Ejecutivo de Gustavo Melella tiene pendiente demostrar que corrigió los procedimientos, ordenó los registros, determinó las deudas pendientes y garantizó controles efectivos sobre las prestaciones. La asistencia social debe responder a criterios legales, objetivos y verificables; ninguna persona que cumpla los requisitos debería quedar excluida por errores administrativos o decisiones discrecionales.
La sanción al ministra Lucía Rossi agrega un elemento concreto de responsabilidad política en un área sensible para miles de fueguinos que dependen de estas prestaciones.