Cómo la ley 19640 influye en la vida cotidiana de los trabajadores fueguinos más allá de los descuentos impositivos

La ley 19.640 no es solo un conjunto de artículos que regulan impuestos y aranceles. Para miles de familias en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, sus disposiciones se traducen en decisiones concretas: desde el alquiler que se puede pagar hasta el colegio al que se envía a los hijos o la posibilidad de tomarse unas vacaciones sin endeudarse.

Aunque el discurso oficial suele reducirla a “beneficios fiscales para las industrias”, su alcance es mucho más amplio y se filtra en la economía doméstica de una manera que pocos comunicados de prensa reconocen. En un contexto provincial donde el costo de vida es estructuralmente más alto que en el resto del país, la 19640 actúa como un amortiguador silencioso que, aunque imperfecto, modifica varias variables del presupuesto familiar.

El efecto en el precio de los bienes básicos

Uno de los impactos menos visibles pero más palpables es el que tiene sobre el precio final de productos manufacturados en la provincia. Electrodomésticos, indumentaria, juguetes y muebles producidos bajo el régimen de la ley suelen tener un precio de venta al público entre 15% y 30% inferior al que tendrían si se fabricaran en otras regiones y se trasladaran con fletes patagónicos y aranceles normales.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) procesados localmente por la Cámara de Comercio de Ushuaia, una heladera de 300 litros fabricada en Río Grande puede costar hasta 42.000 pesos menos que un modelo equivalente importado o traído desde la provincia de Buenos Aires. Ese diferencial, multiplicado por decenas de productos del hogar, representa un ahorro anual significativo para una familia tipo de cuatro miembros.

Impacto en el mercado laboral y la estabilidad familiar

La ley no solo genera empleo directo en las fábricas. También sostiene una cadena de valor que incluye logística, servicios técnicos, administración y comercio. Según el último informe de la Subsecretaría de Producción provincial, más de 11.200 puestos de trabajo directos y otros 18.000 indirectos dependen directa o indirectamente del régimen de promoción.

Esa estabilidad laboral tiene consecuencias concretas: familias que pueden acceder a créditos hipotecarios del Banco de Tierra del Fuego con mayor facilidad porque demuestran ingresos estables, o que logran ahorrar para enviar a sus hijos a estudiar a universidades del continente sin tener que vender el auto o pedir prestado a familiares.

El rol en el costo de la vivienda

Aunque parezca contraintuitivo, la 19640 también incide en el mercado inmobiliario. Al mantener un piso de actividad económica más alto que el que existiría sin ella, genera demanda sostenida de alquileres y compras de viviendas en las tres ciudades. Esto, a su vez, incentiva a constructoras locales a seguir levantando complejos habitacionales, muchos de los cuales se publicitan destacando precisamente la “estabilidad económica que ofrece el régimen industrial”.

Sin embargo, aquí aparece una de las zonas grises: el aumento de la demanda también presiona los precios al alza. Un departamento de dos ambientes en el centro de Ushuaia que en 2018 se alquilaba en 18.000 pesos hoy supera los 95.000. La ley ayuda a que la gente pueda pagar esos valores, pero no resuelve el problema de fondo de la oferta habitacional insuficiente.

Beneficios en servicios y prestaciones sociales indirectas

Otro aspecto poco analizado es cómo la recaudación adicional que genera la actividad promovida permite al gobierno provincial sostener prestaciones que, de otro modo, serían más restrictivas. Desde el subsidio al transporte urbano hasta el boleto escolar gratuito o los programas de becas para estudiantes universitarios, gran parte de esos fondos provienen de la coparticipación y los ingresos propios vinculados a la economía industrial.

La Contaduría General de la Provincia publicó en su informe de ejecución presupuestaria 2023 que aproximadamente el 34% de los recursos no coparticipables de libre disponibilidad tienen origen directo o indirecto en la actividad amparada por la 19.640. Ese dinero se transforma después en pavimentación de calles en barrios de Río Grande, en equipamiento para centros de salud de Tolhuin o en la contratación de más personal docente.

Las limitaciones que nadie menciona en los actos oficiales

Pese a estos efectos positivos, la ley no es una varita mágica. Sus beneficios se distribuyen de manera desigual: son más evidentes para los trabajadores formales de las fábricas que para los empleados públicos o los monotributistas del sector servicios. Además, la dependencia excesiva de un régimen que debe ser prorrogado periódicamente genera incertidumbre a largo plazo, algo que las familias perciben cuando planifican su futuro más allá de los próximos cinco años.

Tampoco resuelve problemas estructurales como la estacionalidad del empleo en algunos rubros, la brecha de género en ciertos sectores industriales o la falta de diversificación productiva. Estos son límites que la propia norma no puede subsanar y que requieren políticas complementarias que, hasta ahora, han sido tímidas.

Qué significa defender la 19640 con seriedad

Más allá de los discursos grandilocuentes en el Congreso o en la Casa de Gobierno, defender la ley con seriedad implica exigir dos cosas simultáneas: por un lado, que se mantenga el marco normativo que permite estos beneficios concretos para las familias; por el otro, que se audite permanentemente su aplicación para que los beneficios lleguen realmente a los trabajadores y no se diluyan en sobreprecios o ineficiencias empresariales.

Los fueguinos no necesitan que les repitan cada seis meses que “la 19640 es intocable”. Necesitan ver que sus efectos se miden, se controlan y se mejoran. Que el ahorro en la góndola se mantenga, que los puestos de trabajo sean de calidad y que la recaudación generada se traduzca en servicios públicos de estándar patagónico y no continental.

Solo así esta norma dejará de ser un slogan electoral para convertirse en lo que realmente es: una herramienta institucional que, con todas sus imperfecciones, sigue moldeando la vida cotidiana de quienes elegimos vivir en el extremo sur del país.