Malvinas, Antártida y el Atlántico Sur: cómo la agenda internacional redefine el futuro de Tierra del Fuego

Mientras en Nueva York o Londres se discute el futuro de la Antártida y el control de rutas marítimas, en Ushuaia y Río Grande se siente el efecto en subsidios, turismo y expectativas de inversión. La agenda internacional no es abstracta para Tierra del Fuego: es parte de su ADN económico y estratégico.

Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Argentina invierte alrededor de US$ 180 millones anuales solo en mantenimiento de presencia en Antártida y Malvinas (incluyendo logística, bases y patrullaje). Una parte significativa de esa erogación pasa por puertos fueguinos. El año pasado, el puerto de Ushuaia movió 92 cruceros antárticos, generando un impacto económico estimado en $ 4.800 millones según la Cámara de Turismo provincial. Ese flujo depende directamente de la estabilidad geopolítica de la región.

La Cuestión Malvinas sigue siendo el nudo central. Desde la reafirmación británica de soberanía tras el Brexit y el reforzamiento de la base militar en Mount Pleasant, la tensión diplomática no bajó. El gobierno argentino presentó en 2023 ante la ONU un nuevo informe sobre desmilitarización del Atlántico Sur que incluyó, por primera vez, datos satelitales sobre actividad pesquera ilegal en la zona económica exclusiva.

Pero los números locales cuentan otra historia. El empleo directo vinculado a la actividad antártica y malvinera (logística, provisión de buques, servicios portuarios) ronda los 1.200 puestos registrados en Tierra del Fuego, según el SIPA. Es poco si se compara con los 18.000 empleos industriales bajo la 19640, pero tiene un multiplicador alto: cada peso invertido en logística antártica genera casi 2,8 pesos adicionales en la economía local, según un estudio de la UNTDF de 2022.

La disputa por el Atlántico Sur se aceleró con la irrupción de China y Rusia. Beijing duplicó su flota pesquera en la región entre 2019 y 2023 y firmó un memorándum con las Islas Malvinas para faena en aguas controvertidas. Moscú, por su parte, aumentó su presencia científica en Antártida. Frente a esto, el Reino Unido impulsó en 2024 una nueva ronda de licencias de exploración petrolera offshore al este de Malvinas, pese a las protestas argentinas.

¿Qué significa esto para la provincia? En primer lugar, volatilidad en el turismo antártico. Cualquier escalada diplomática o incidente naval puede hacer que las aseguradoras suban primas o cancelen itinerarios. En 2022, un solo incidente con un buque chino cerca de las Georgias del Sur provocó la caída de un 18 % en las reservas de última hora para la temporada 2022-2023.

En segundo lugar, la posibilidad de que Argentina logre mayor control efectivo sobre los recursos pesqueros del Atlántico Sur podría abrir una ventana de desarrollo para Ushuaia como hub logístico. Hoy, el 67 % de la pesca ilegal en la zona es de origen asiático, según datos de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero (OROP). Si se avanzara en un acuerdo de control conjunto o en el fortalecimiento de la prefectura naval local, se generarían cientos de empleos directos en patrullaje, monitoreo satelital y procesamiento.

Sin embargo, los riesgos también son concretos. La dependencia de la 19640 hace que cualquier cambio en el statu quo internacional pueda ser usado como argumento para revisar los beneficios fiscales. Empresarios consultados para esta nota coinciden en que “si Londres o Washington presionan por mayor alineamiento argentino en la OTAN o en foros multilaterales, la renegociación de la ley puede aparecer como moneda de cambio”.

La proyección antártica argentina también tiene una dimensión presupuestaria local. El presupuesto 2025 destina $ 9.200 millones al Programa Antártico Nacional. De ese total, aproximadamente el 41 % se ejecuta desde bases logísticas en Tierra del Fuego. Si el próximo gobierno reduce esa partida –como ocurrió en 2019– el impacto en servicios portuarios, hotelería y proveedores locales es inmediato.

Mirando los datos comparados, Argentina tiene la mayor cantidad de bases antárticas (13) pero una de las inversiones anuales per cápita más bajas entre los países reclamantes. Chile, con menos bases, invierte proporcionalmente 37 % más por estación según un informe de la CEPAL de 2023. Esto se traduce en menor capacidad de proyección y, por ende, menor peso en las negociaciones futuras sobre el régimen antártico post-2048, cuando vence el actual Tratado.

Los fueguinos estamos acostumbrados a vivir en el límite. Pero en materia geopolítica, ser el último puesto de control antes de la Antártida no es solo una frase turística: es una posición estratégica que hasta ahora no hemos sabido capitalizar del todo. Mientras el mundo discute quién controlará las rutas del futuro (con el derretimiento del polo sur se abren nuevos corredores marítimos), la provincia sigue dependiendo de subsidios temporales y de un turismo que puede evaporarse con un tuit de la Casa Blanca o un incidente naval.

La pregunta incómoda es si estamos preparados. ¿Tenemos una estrategia provincial clara que vincule la 19640 con la soberanía antártica y malvinera? ¿O seguimos reaccionando a la agenda que se cocina en Washington, Pekín y Londres? Los números sugieren que, sin una hoja de ruta que transforme presencia geopolítica en desarrollo productivo genuino, seguiremos cobrando el alquiler de un territorio estratégico sin apropiarnos de su verdadero valor económico.

Mientras tanto, los cruceros siguen saliendo de Ushuaia, los buques de prefectura patrullan con combustible subsidiado y los balances provinciales dependen, en parte, de que no se rompa el frágil equilibrio del Atlántico Sur. Esta vez, los números no mienten: nuestro futuro económico está atado, más de lo que creemos, a lo que ocurra en foros internacionales que parecen muy lejanos pero que terminan definiendo si la calefacción de una escuela en Tolhuin se paga con regalías pesqueras o con nuevos endeudamientos.