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Concejales de Río Grande expresaron preocupación por la deuda de coparticipación provincial

Durante la sesión ordinaria de este jueves, el Concejo Deliberante aprobó una comunicación que alerta sobre el incumplimiento en el giro de fondos de coparticipación por parte del Gobierno provincial al Municipio riograndense. Los ediles también avanzaron en proyectos sobre inclusión, privacidad digital y espacios públicos.

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Río Grande reclama una deuda provincial de $17.000 millones
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En la sesión ordinaria celebrada este jueves 23 de octubre de 2026, el Concejo Deliberante de Río Grande aprobó una comunicación dirigida al Gobierno provincial en la que manifiesta su preocupación por el atraso acumulado en el pago de la coparticipación municipal.

La iniciativa, que contó con el respaldo de la mayoría de los bloques, pone el foco en el impacto que esta deuda genera en las finanzas del Municipio más poblado de la provincia. Según los fundamentos expuestos, el retraso afecta directamente la capacidad de la ciudad para afrontar gastos corrientes, obras de infraestructura y servicios esenciales para los riograndenses.

La presidenta del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora, encabezó la sesión y destacó la necesidad de que el Ejecutivo provincial regularice los giros en tiempo y forma, tal como establece la normativa vigente de distribución de recursos coparticipables.

Además de la comunicación sobre coparticipación, los concejales aprobaron otras iniciativas. Entre ellas, se votaron proyectos vinculados a la inclusión social, medidas de protección a la privacidad digital de adolescentes en entornos virtuales, el fortalecimiento de la producción agroexperimental en la zona norte de la isla y la recuperación de espacios públicos.

Estos temas reflejan la agenda variada que maneja el Concejo riograndense, aunque el eje financiero y la relación con la Gobernación dominaron el debate de la jornada. La deuda de coparticipación no es un tema nuevo: se trata de un conflicto recurrente entre el Municipio de Río Grande y el Gobierno de la provincia, que suele intensificarse en períodos de ajuste presupuestario o caída de la recaudación.

Desde el punto de vista institucional, la coparticipación representa uno de los principales ingresos no propios de los municipios fueguinos. Cualquier demora en su transferencia genera consecuencias inmediatas en la ejecución presupuestaria local, especialmente en una ciudad como Río Grande, donde la demanda de servicios es alta por su densidad poblacional y su rol como polo industrial.

La comunicación aprobada este jueves busca, fundamentalmente, visibilizar la situación ante la Legislatura provincial y la Casa de Gobierno, con el objetivo de que se arbitren los medios necesarios para saldar la deuda pendiente. Los ediles coincidieron en que la regularización de estos fondos es clave para garantizar la prestación de servicios sin afectar el bolsillo de los contribuyentes riograndenses.

El tema se suma al debate permanente sobre la distribución de recursos entre Nación, Provincia y Municipios en Tierra del Fuego. En un contexto de recursos limitados y demandas crecientes, la relación entre Gobernación y las intendencias continúa siendo uno de los ejes centrales de la política local.

Para el vecino de Río Grande, la resolución de esta deuda implica mayor previsibilidad en obras, mantenimiento urbano y programas sociales. De lo contrario, el Municipio podría verse obligado a recurrir a otras fuentes de financiamiento o a postergar inversiones ya planificadas.

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