Corte Suprema convalidó derogación de la Ley de Tierras y crece la indignación en Tierra del Fuego
El máximo tribunal rechazó el recurso del CECIM La Plata contra el DNU 70/23 que eliminó las restricciones a la venta de tierras a extranjeros. Veteranos de Malvinas y organizaciones fueguinas expresan su rechazo ante lo que consideran un riesgo para la soberanía provincial.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el recurso de queja presentado por el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) de La Plata contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, convalidando de esta manera la derogación de la Ley de Tierras que limitaba la venta de inmuebles rurales a extranjeros.
El fallo, que se conoció este miércoles, deja sin efecto las restricciones que desde 2011 regulaban la adquisición de tierras por parte de personas jurídicas extranjeras, una normativa que en Tierra del Fuego había sido vista como un instrumento de protección de la soberanía en una provincia bicontinental.
Desde el CECIM emitieron un duro comunicado en el que manifestaron su “profunda indignación” y advirtieron que la decisión judicial “entrega la patria a intereses foráneos”. El documento, que circuló rápidamente en redes y grupos de veteranos fueguinos, sostiene que la medida afecta directamente la defensa de los recursos naturales y la integridad territorial, especialmente en zonas cercanas al Atlántico Sur y la Antártida.
En Río Grande y Ushuaia, organizaciones sociales, gremiales y de ex combatientes expresaron su malestar. Dirigentes del SUTEF y de la Asociación de Veteranos de Guerra locales coincidieron en que la derogación abre la puerta a la extranjerización de tierras en la provincia, donde el control del territorio es considerado un asunto de Estado.
La Ley de Tierras, sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, establecía un registro nacional y limitaba al 15% la propiedad rural en manos extranjeras, con topes aún más estrictos en zonas de frontera. El DNU 70/23 del presidente Javier Milei la dejó sin efecto junto con decenas de normativas, argumentando la necesidad de desregular la economía. “Esto no es solo un tema jurídico, es un tema de soberanía. Nuestros compañeros cayeron defendiendo el suelo argentino y ahora se lo entregan en bandeja”, expresó un veterano de Malvinas consultado en Río Grande, que pidió reserva de su nombre.
Desde el Ejecutivo provincial aún no hubo una reacción oficial, aunque en las últimas semanas el gobernador había manifestado en privado su preocupación por los efectos que podría tener la desregulación en el control de recursos como los bosques, la costa atlántica y los glaciares.
Organizaciones ambientalistas y de pueblos originarios también se sumaron a las críticas. Consideran que sin la Ley de Tierras se acelera la posibilidad de megainversiones mineras o inmobiliarias en zonas sensibles sin los controles previos.
El CECIM La Plata anunció que evaluará nuevas vías judiciales, aunque admitió que las chances son escasas tras la definición de la Corte. Mientras tanto, en Tierra del Fuego se prepara un documento conjunto de repudio que llevarán a la Legislatura provincial y al Congreso Nacional.
El tema vuelve a poner en el centro del debate provincial la tensión entre desregulación económica y protección de los recursos estratégicos, en una provincia donde la identidad soberana forma parte del día a día.