De la salud a las vacas: Sánchez Posleman aparece en el retiro de casi 2.000 animales de Península Mitre

El problema de Península Mitre ya no puede reducirse solamente a retirar ganado de un área natural protegida. El convenio ratificado mediante el Decreto Provincial 1423/26 abre una discusión mucho más amplia sobre la administración de los recursos fueguinos y, especialmente, sobre las condiciones bajo las cuales se permitió durante años el desarrollo de una actividad ganadera privada vinculada a Estancia Policarpo.

Hace dos años, el Gobierno de Gustavo Melella rechazó la renovación de la marca que los Bilbao pretendían utilizar para dar continuidad a la actividad. Sergio Igor Bilbao y Renán Dantón Bilbao cuestionaron aquella decisión y llevaron la controversia a la Justicia. Ahora, en el tramo final de la gestión, la Provincia acordó la salida de casi 2.000 animales de Península Mitre, cuyo valor comercial se estima en alrededor de $1.950 millones.

El acuerdo, además, proyecta obligaciones y tareas hasta 2028, es decir, más allá de la finalización del actual mandato provincial. De acuerdo con lo establecido en el convenio, existen 1.448 vacunos declarados ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), a los que se sumarían aproximadamente 480 terneros. En total, se trata de alrededor de 1.928 animales.

Tomando como referencia una estimación comercial global cercana a los $1.950 millones, el retiro del ganado representa un movimiento económico considerable y difícil de considerar únicamente como una cuestión administrativa derivada de la protección ambiental de Península Mitre. El interrogante aparece cuando se observa el otro lado de esa ecuación: durante años, una explotación privada utilizó territorio y recursos ubicados dentro de Tierra del Fuego para sostener una actividad económica.

El ganado tiene propietarios y posee un valor comercial concreto. Pero el territorio sobre el cual se desarrolló esa actividad forma parte del patrimonio provincial. Por eso, además de conocerse cómo y cuándo serán retirados los animales, corresponde determinar qué recibió la Provincia a cambio durante todo ese período.

El suelo, el territorio y particularmente el enorme valor ambiental de Península Mitre constituyen un patrimonio de todos los fueguinos. La discusión, entonces, excede ampliamente la cantidad de vacas que deben ser retiradas. Resulta necesario conocer bajo qué condiciones se desarrolló históricamente la explotación ganadera vinculada a Estancia Policarpo, qué derechos existieron sobre esas tierras, qué contraprestaciones se establecieron, qué cánones —si correspondían— fueron abonados y si quedaron obligaciones económicas o administrativas pendientes.

Es, hasta el momento, una de las cuentas que el Gobierno provincial no ha explicado públicamente. Desde la sanción de su régimen de protección, la Provincia cuenta además con herramientas específicas para regular las actividades que pueden desarrollarse dentro del área. Si existen controles sobre el turismo, el ingreso de personas y otras actividades permitidas, también corresponde explicar cuál fue el régimen aplicado a la actividad ganadera y de qué manera se administró el aprovechamiento privado de ese territorio.

La secuencia política también resulta significativa. En 2024, el Gobierno provincial rechazó la pretensión de la familia Bilbao de continuar con la actividad en los términos planteados entonces. La controversia llegó incluso al ámbito judicial. En 2026, en cambio, Provincia y una de las partes encontraron una salida negociada.

El convenio establece un proceso progresivo para retirar el ganado y extiende su ejecución hasta 2028. Esto implica que una decisión adoptada por la actual administración deberá continuar siendo gestionada durante el próximo período de gobierno. El interrogante no pasa solamente por la necesidad ambiental de retirar los animales —objetivo compatible con la protección de Península Mitre— sino por conocer las condiciones económicas, patrimoniales y administrativas mediante las cuales se llegó a ese entendimiento.

En esa negociación aparece otro nombre conocido en Ushuaia: Clemente Sánchez Posleman. Su participación surge en carácter de apoderado de Sergio Igor Bilbao, por lo que no figura como propietario del ganado involucrado en el convenio. Sin embargo, su apellido posee una fuerte presencia en la actividad empresarial fueguina por su vinculación familiar con la Clínica San Jorge, establecimiento privado que durante años mantuvo relaciones contractuales y de prestación de servicios con el Estado provincial.

Ahora, Sánchez Posleman aparece representando a uno de los protagonistas de un acuerdo vinculado a una explotación ganadera de considerable valor económico. De la salud a las vacas, el apellido vuelve a encontrarse frente al Estado provincial, aunque esta vez en un escenario completamente diferente.

El Gobierno puede explicar que el objetivo central del convenio es retirar definitivamente el ganado y avanzar en la protección ambiental de Península Mitre. Esa finalidad, sin embargo, no elimina las preguntas sobre lo ocurrido anteriormente. Los animales que serán retirados tienen propietarios y un valor económico que, según las estimaciones utilizadas, podría acercarse a los $2.000 millones.

Lo que todavía falta conocer es la otra cifra. ¿Cuánto recibió Tierra del Fuego durante todos los años en que ese rodeo se desarrolló utilizando territorio y recursos provinciales? Son preguntas que adquieren todavía mayor relevancia cuando el convenio fue firmado por una administración que hace apenas dos años mantenía un conflicto con los mismos actores y que ahora deja parte de su ejecución proyectada hasta 2028.

Las casi 2.000 vacas terminarán saliendo de Península Mitre. La cuenta que todavía falta conocer es cuánto obtuvo Tierra del Fuego por los años en que una actividad privada utilizó un patrimonio que pertenece a todos los fueguinos.

Según informó Radio Universidad.