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El gas en Tierra del Fuego podría aumentar un 19% tras la reforma de Zona Fría

El Senado convirtió en ley la modificación del régimen que reduce la base sobre la que se aplica el 50% de bonificación. Tierra del Fuego conserva el beneficio pero el descuento se limitará solo al precio del gas, lo que elevaría las facturas residenciales en torno al 19% según la estructura tarifaria actual.

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Ilustración de las dos cámaras legislativas argentinas

El Senado de la Nación convirtió en ley la reforma del régimen de Zona Fría, una modificación que altera el cálculo de la bonificación del 50% en las facturas de gas y que, en el caso de Tierra del Fuego, mantendrá el beneficio pero reducirá su impacto efectivo. La iniciativa, que ya contaba con media sanción de Diputados, fue aprobada por 38 votos a favor y 8 en contra sin cambios de último momento.

Entre los senadores que apoyaron la norma se encontraron los fueguinos Agustín Coto y Belén Monte de Oca, ambos de La Libertad Avanza, junto a legisladores del PRO y de bloques provinciales. La reforma reduce el alcance territorial del régimen en otras regiones del país y modifica la forma de aplicar el subsidio para los usuarios que siguen incluidos, entre ellos los de toda la Patagonia.

Para Tierra del Fuego, la principal consecuencia radica en el cambio de base de cálculo de la bonificación. Hasta ahora, el descuento del 50% se aplicaba no solo sobre el precio del gas sino también sobre los componentes de transporte y distribución. Con la nueva ley, el beneficio se limitará exclusivamente al precio del gas.

Según la estructura tarifaria de referencia de una factura residencial fueguina, aproximadamente el 68% corresponde al precio del gas, el 3% al transporte y el 18% a la distribución. De esta forma, cerca del 89% del total de la boleta quedaba alcanzado por la bonificación. Aplicando el 50% de descuento sobre ese conjunto, la reducción efectiva llegaba a alrededor del 44,5% del valor total.

Con la reforma, la bonificación efectiva se reduciría a aproximadamente el 34%. Esa diferencia implica que el usuario pasará a cubrir una proporción mayor del costo total. Manteniendo constantes los restantes componentes, el incremento estimado sobre lo que actualmente abona un hogar residencial rondaría el 19%.

Desde la perspectiva provincial, la ley no elimina la inclusión de Tierra del Fuego en el régimen de Zona Fría. La provincia, al igual que el resto de la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna, continuará dentro del beneficio, aunque con un alcance económico menor. El impacto concreto dependerá de la composición exacta de cada factura y de cómo evolucionen en el futuro los valores del transporte, la distribución y los impuestos.

El tema tiene particular relevancia en la provincia porque el gas invernal constituye un servicio esencial ante las bajas temperaturas que se registran durante gran parte del año, especialmente en Río Grande y Ushuaia. El aumento en las facturas residenciales afectará directamente el bolsillo de los hogares fueguinos y podría influir en el consumo y en las previsiones presupuestarias tanto de familias como de comercios.

La reforma forma parte de un paquete de ajustes en subsidios energéticos impulsado por el Gobierno nacional, en un contexto de revisión de la coparticipación federal y de los regímenes diferenciales que benefician a las provincias patagónicas. En Tierra del Fuego, donde la relación con Nación en materia de recursos y transferencias ocupa un lugar central en la agenda política, este cambio será monitoreado de cerca por la Gobernación y por los bloques legislativos provinciales.

El porcentaje del 19% surge de un cálculo estimativo basado en la estructura residencial de referencia y no se aplicará de manera idéntica a todos los usuarios. Facturas de comercios, industrias o consumos muy altos podrían registrar variaciones diferentes según el peso relativo de cada componente tarifario.

Desde la Casa de Gobierno y la Legislatura provincial aún no se han difundido definiciones oficiales sobre eventuales medidas de compensación o gestiones ante el Ejecutivo nacional para mitigar el impacto. El pulso de los 15 legisladores y la relación entre Gobernación y municipios serán clave en las próximas semanas para definir si se busca alguna herramienta local que atenúe el efecto de la norma sobre los fueguinos.

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