Tribunal de Cuentas dejó firme multa de $364.710 a Analía Cubino

El Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego dejó firme la multa de $364.710,51 impuesta a Analía Cubino, actual presidenta de la Agencia de Innovación Fueguina. A través de las resoluciones plenarias 178 y 179/2026, el organismo rechazó el recurso de reconsideración presentado por la funcionaria y confirmó que deberá abonar el monto, que representa el 5% de su remuneración bruta mensual de agosto, que ascendía a $7.294.210,25.

El expediente se originó en el control posterior de una contratación directa por $91.981.829,11 destinada a adquirir durante tres años licencias de mantenimiento y soporte para soluciones de seguridad informática. La adjudicación se realizó a favor de ACSYS S.A., empresa acreditada como revendedora autorizada de Fortinet.

Los auditores formularon varias observaciones durante el procedimiento. Señalaron que la documentación acreditaba a ACSYS como revendedora autorizada, pero no demostraba que fuera el único proveedor habilitado, un requisito clave para justificar la contratación directa por exclusividad. También cuestionaron la falta de una comparación suficiente de precios: el valor contratado resultó aproximadamente un 4,65% superior al de una adjudicación similar que luego fue rescindida, sin que se presentó inicialmente una justificación adecuada.

Entre las irregularidades detectadas se sumaron la falta de publicación de las especificaciones técnicas en el portal Compras TDF y la concentración de distintas intervenciones técnicas y administrativas en una misma persona, lo que fue considerado un incumplimiento formal.

El acta que originó las observaciones se emitió el 15 de diciembre de 2025. El Tribunal reiteró en varias oportunidades los pedidos de descargo. Ante la falta de respuesta, en agosto aplicó un apercibimiento y el 3 de septiembre resolvió la multa equivalente al 5% del salario bruto. Cubino respondió recién el 4 de septiembre, cuando ya habían transcurrido 263 días desde el acta inicial.

La funcionaria justificó la demora por inconvenientes operativos internos, tareas de reconstrucción documental y contingencias vinculadas a la seguridad informática. Argumentó además que la prestación había sido efectivamente recibida y que no existió perjuicio fiscal. Sin embargo, el Tribunal consideró que esas explicaciones no demostraban una imposibilidad concreta de responder en los plazos establecidos y que la contestación posterior no subsanaba el incumplimiento ya producido.

Es importante aclarar que la multa no fue aplicada por determinación de corrupción ni de perjuicio económico al Estado, sino específicamente por el incumplimiento de los requerimientos del organismo de control. La respuesta tardía tampoco cerró las observaciones sobre la contratación: los auditores mantuvieron cuestionamientos sobre la acreditación de exclusividad, la falta de publicación y el precio, ya que el descargo no incorporó nueva documentación que modificara la observación inicial.

De esta manera, el caso deja dos cuestiones diferenciadas: una sanción firme por no responder en término al Tribunal de Cuentas y una contratación directa de casi 92 millones de pesos cuyo procedimiento recibió observaciones que no quedaron completamente despejadas. El interrogante central pasa por las condiciones en las que se decidió esta adquisición tecnológica de elevado valor y por la capacidad de los organismos públicos de brindar explicaciones oportunas cuando el uso de fondos estatales queda bajo revisión.