El Gobierno nacional busca modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad

El Ejecutivo nacional envió al Congreso un proyecto que modifica artículos centrales de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave para miles de fueguinos que dependen de prestaciones, pensiones y políticas de inclusión laboral.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la eliminación de la compatibilidad entre la pensión por discapacidad y un empleo registrado que perciba hasta dos salarios mínimos. Hoy esa compatibilidad permite que una persona con discapacidad pueda trabajar formalmente sin perder el beneficio previsional, un derecho que en Tierra del Fuego resulta especialmente sensible dada la estructura del mercado laboral provincial.

Además, el proyecto altera el sistema de aranceles para las prestaciones básicas y de apoyo, y elimina los mecanismos de actualización automática vinculados a la movilidad jubilatoria. Según las estimaciones que circulan en el sector, estos ajustes podrían implicar una pérdida de poder adquisitivo y mayores dificultades para acceder a equipamiento, terapias y acompañamiento.

En Río Grande, donde el parque industrial y el sector electrónico concentran buena parte del empleo formal, las organizaciones de discapacidad y delegados gremiales expresaron preocupación. Muchos trabajadores con discapacidad se desempeñan en líneas de montaje de empresas como Mirgor, Newsan o BGH, y el subrégimen de la Ley 19.640 ha permitido históricamente su incorporación a través de cupos y programas de inclusión.

La iniciativa ya generó rechazo en la Cámara de Diputados. Legisladores de distintos bloques, junto a representantes de AFADIS y otras entidades, advirtieron que el ajuste recae nuevamente sobre uno de los sectores más vulnerables. En Tierra del Fuego, donde el costo de vida es elevado y el gas invernal representa un gasto fijo importante, cualquier reducción en los ingresos de las familias con miembros discapacitados se traduce directamente en menos capacidad de consumo y en mayor presión sobre los sistemas provinciales de salud y asistencia.

Desde AFARTE y la UOM se sigue con atención el debate porque, aunque el proyecto es nacional, sus consecuencias llegan rápido a la góndola y al recibo de sueldo fueguino. s del sector industrial consultadas indicaron que cualquier cambio que desincentive la contratación de personas con discapacidad podría complicar el cumplimiento de cupos laborales en las terminales electrónicas.

El oficialismo defiende la necesidad de ordenar las cuentas públicas y sostiene que los cambios buscan focalizar recursos. Sin embargo, para las organizaciones del sector en la provincia, el proyecto representa un retroceso en derechos conquistados y una nueva señal de que la discapacidad vuelve a ser variable de ajuste.

La discusión se da en un contexto provincial donde el empleo industrial ya viene golpeado por suspensiones y por la incertidumbre sobre la continuidad del subrégimen. En Río Grande, la compatibilidad entre pensión y trabajo registrado funciona como un puente para que muchas familias mantengan un ingreso estable mientras el beneficiario aporta su experiencia en las fábricas.

Se espera que en las próximas semanas el tema se debata en comisiones de Diputados. Legisladores fueguinos de diferentes bloques anticiparon que buscarán defender las disposiciones actuales o, al menos, introducir modificaciones que mitiguen el impacto en la provincia más austral del país.

Mientras tanto, las familias y las instituciones que acompañan a personas con discapacidad en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin siguen de cerca cada movimiento en Buenos Aires. Porque, como ocurre con los aranceles de la electrónica o el precio del gas, lo que se decide en la Capital termina definiendo el día a día en Tierra del Fuego.