Lapadula advirtió que Tierra del Fuego no cuenta con recursos para aplicar el Régimen Penal Juvenil
El penalista Fernando Lapadula señaló la falta de establecimientos especializados, equipos técnicos y presupuesto suficiente en la provincia para implementar plenamente la nueva normativa. La advertencia pone en foco los desafíos operativos que enfrentará el sistema judicial fueguino.
El abogado penalista Fernando Lapadula advirtió que la provincia de Tierra del Fuego no dispone actualmente de los recursos necesarios para aplicar de manera plena el nuevo Régimen Penal Juvenil aprobado por el Congreso de la Nación.
En declaraciones recogidas por la redacción, Lapadula detalló que la implementación del régimen requiere de establecimientos especializados para la ejecución de medidas socioeducativas, equipos interdisciplinarios capacitados y un incremento significativo en las partidas presupuestarias destinadas al sector. Según el especialista, ninguno de estos elementos se encuentra plenamente operativo en la provincia al día de hoy.
La norma, que establece un marco diferencial para los jóvenes que cometen delitos entre los 13 y 18 años, sustituye al anterior sistema y enfatiza la responsabilidad penal con enfoque en la reinserción social. Sin embargo, su aplicación efectiva depende de una infraestructura que, en el caso fueguino, aún no ha sido desarrollada en su totalidad.
Desde la perspectiva provincial, el desafío se suma a las limitaciones históricas de recursos que enfrenta el Poder Judicial local. En los últimos años, la Legislatura provincial ha debatido diversas iniciativas para fortalecer el sistema de responsabilidad penal juvenil, pero los plazos para la adecuación de los establecimientos y la formación de personal se han extendido más de lo previsto.
Lapadula, con amplia trayectoria en causas penales complejas, sostuvo que sin la asignación concreta de fondos en la ley de presupuesto provincial para el ejercicio 2027, la aplicación del régimen podría generar situaciones de incumplimiento normativo o, en el peor de los casos, respuestas institucionales inadecuadas para los adolescentes involucrados.
La advertencia cobra particular relevancia en un contexto donde la provincia registra un aumento sostenido en la cantidad de causas penales que involucran a menores de edad, especialmente en las ciudades de Río Grande y Ushuaia. s judiciales consultadas por este medio confirmaron que el volumen de intervenciones del Fuero de Menores ha crecido un 18% en los últimos dos años, sin que se haya registrado una ampliación proporcional de las capacidades operativas.
Desde la Casa de Gobierno, hasta el momento no se han emitido declaraciones oficiales sobre el diagnóstico expuesto por Lapadula. En la Legislatura provincial, donde se discute la adecuación local de la normativa nacional, legisladores de diferentes bloques coincidieron en que el tema deberá ser tratado con prioridad en las próximas sesiones ordinarias.
La plena vigencia del Régimen Penal Juvenil a nivel nacional está prevista para los próximos meses, lo que obligará a las provincias a acelerar los procesos de implementación. En Tierra del Fuego, esto implicará no solo inversión en infraestructura sino también la definición de protocolos específicos de actuación entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y los organismos de niñez y adolescencia.
Para el fueguino común, la cuestión trasciende el ámbito técnico: la correcta aplicación del régimen puede significar la diferencia entre una respuesta punitiva aislada y un proceso real de acompañamiento y reinserción de jóvenes que, en muchos casos, provienen de contextos de vulnerabilidad social y económica.