Lapadula pidió poner límites a la venta de tierras nacionales en Tierra del Fuego
El legislador de Provincia Grande alertó sobre el riesgo que implica el desprendimiento de inmuebles estratégicos en Ushuaia y Río Grande. Reclamó una reacción conjunta de la Provincia y los tres municipios para evitar que terminen en manos de grandes desarrollos inmobiliarios o favorezcan la extranjerización.
El legislador provincial de Provincia Grande, Jorge Lapadula, reclamó al Gobierno provincial y a los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin que tomen medidas concretas para limitar la venta de tierras nacionales en la provincia. Según el referente, la decisión de la Nación de desprenderse de inmuebles estratégicos en la capital y en la ciudad norteña forma parte de una política que pone en riesgo el patrimonio territorial fueguino.
“Estamos frente a una política sistemática de enajenación de bienes del Estado nacional que, en Tierra del Fuego, compromete áreas de alto valor estratégico tanto por su ubicación como por su potencial productivo o turístico”, expresó Lapadula durante una conferencia de prensa.
El legislador se refirió puntualmente a predios ubicados en la zona del puerto de Ushuaia y en sectores aledaños al aeropuerto internacional Malvinas Argentinas, además de terrenos en el ejido de Río Grande con frente al mar. Según datos que maneja Provincia Grande, varios de estos inmuebles ya fueron incluidos en el listado que el Gobierno nacional prepara para su venta o concesión a largo plazo.
Lapadula advirtió que, de concretarse estas operaciones sin contralor local, existe un alto riesgo de que las tierras terminen destinadas a grandes emprendimientos inmobiliarios orientados al mercado externo o que directamente favorezcan la extranjerización del suelo fueguino. “No podemos permitir que lo que es de todos los argentinos termine siendo un negocio para unos pocos, y mucho menos si esos pocos no son fueguinos”, sostuvo.
El referente de Provincia Grande recordó que la Constitución provincial y diversas leyes locales otorgan al Gobierno fueguino y a los municipios herramientas para intervenir en la regulación del uso del suelo, incluso cuando se trata de terrenos de dominio nacional. “La provincia tiene que ejercer su potestad y exigir que se respeten las normas de ordenamiento territorial vigentes”, señaló.
Desde la bancada de Provincia Grande ya se presentó un proyecto de declaración en la Legislatura para que el cuerpo exhorte al Ejecutivo provincial a iniciar acciones administrativas y, en caso de ser necesario, judiciales, para frenar la enajenación indiscriminada. El texto también invita a los concejos deliberantes de las tres ciudades a pronunciarse sobre el tema.
Lapadula hizo hincapié en que la defensa del territorio no es solo una cuestión ambiental o identitaria, sino también económica. “Estas tierras son el soporte de la actividad turística, de posibles ampliaciones portuarias y de proyectos productivos que podrían generar empleo genuino para los fueguinos. Entregarlas sin control es hipotecar el futuro de nuestras ciudades”, afirmó.
El legislador anticipó que en las próximas semanas mantendrá reuniones con los intendentes de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, así como con referentes de cámaras empresarias y sindicatos, para construir una posición común. “No se trata de un tema partidario. Es un tema de provincia. Todos los fueguinos debemos estar alertas”, concluyó.
Hasta el momento, ni la gobernación ni las intendencias consultadas han emitido una respuesta oficial al planteo de Lapadula, aunque fuentes cercanas a la Casa de Gobierno indicaron que el tema se analizará en el marco de la relación Nación-Provincia y el impacto de las medidas de desregulación impulsadas desde Buenos Aires.