Legislatura analizará expropiación de tierras en Río Grande para polo productivo
El proyecto del Ejecutivo provincial busca ceder terrenos ocupados para impulsar la agricultura familiar y la cría de animales de granja. Los beneficiarios no podrán vender, transferir ni arrendar las tierras durante 20 años.
La Legislatura de Tierra del Fuego comenzará a tratar en las próximas semanas un proyecto del Poder Ejecutivo que prevé la expropiación de tierras en Río Grande para crear un polo productivo destinado a la agricultura familiar y la producción de animales de granja.
La iniciativa, que ya ingresó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, busca regularizar la situación de familias que actualmente ocupan esos predios y otorgarles la titularidad bajo condiciones específicas. Según el texto, los beneficiarios no podrán ceder, transferir, arrendar ni disponer de las tierras por un plazo de veinte años, con el objetivo de garantizar que se destinen efectivamente al desarrollo productivo.
Desde el Gobierno provincial destacan que la medida apunta a fortalecer la soberanía alimentaria en la zona norte de la isla, generar empleo genuino y diversificar la matriz productiva más allá de la industria electrónica y la pesca. En Río Grande, donde el parque industrial concentra gran parte de la actividad económica, este tipo de iniciativas buscan complementar la oferta laboral con opciones ligadas al campo.
El proyecto contempla que los terrenos expropiados pasen a manos de productores que demuestren vocación de trabajo en la tierra. Se priorizará a quienes ya se encuentran instalados y desarrollando alguna actividad agrícola o ganadera a pequeña escala. Las autoridades municipales de Río Grande han manifestado su apoyo a la iniciativa, considerando que puede significar un alivio para familias que viven en situación irregular respecto a la propiedad.
En los fundamentos del proyecto se menciona la necesidad de avanzar en la regularización dominial de tierras fiscales que hoy se encuentran ociosas o subutilizadas. La expropiación permitiría al Estado provincial disponer de ellos para fines de interés público, en este caso el desarrollo de un polo productivo que integre a pequeños productores.
Durante el tratamiento en comisión se espera que se convoque a representantes del sector rural, a la Secretaría de Producción y a organizaciones de la sociedad civil. Legisladores de distintos bloques anticiparon que analizarán con detenimiento las cláusulas de prohibición de transferencia por dos décadas, ya que se trata de una restricción fuerte sobre el derecho de propiedad.
Para los vecinos de Río Grande esta discusión resulta clave porque toca directamente dos preocupaciones centrales: el acceso a la tierra y la posibilidad de generar ingresos alternativos al empleo estatal o industrial. En un contexto de altos costos logísticos y clima riguroso, la agricultura familiar en Tierra del Fuego requiere tanto de apoyo técnico como de seguridad jurídica.
El debate en la Legislatura se da en paralelo a otras iniciativas provinciales orientadas a la producción primaria. Fuentes cercanas al Ejecutivo indicaron que, de aprobarse el proyecto, se trabajará en un plan de acompañamiento que incluya asistencia técnica, acceso a créditos blandos y comercialización de los productos obtenidos.
Se estima que la cantidad de hectáreas involucradas y el número aproximado de familias beneficiarias se darán a conocer en mayor detalle cuando el proyecto sea tratado en particular. Por el momento, la prioridad es definir los criterios de selección de los productores y los mecanismos de control para que la tierra cumpla efectivamente su destino productivo durante el plazo establecido.