Los tres senadores de Tierra del Fuego bajo la lupa por su baja actividad legislativa

Un informe sobre la actividad parlamentaria del primer semestre de 2025 coloca a los tres senadores nacionales por Tierra del Fuego en el foco de las críticas. Agustín Coto y Belén Monte de Oca, ambos de La Libertad Avanza, y Cristina López, de Fuerza Patria, registran una de las producciones legislativas más bajas entre los legisladores que asumieron en diciembre pasado.

A siete meses de haber ocupado sus bancas, la falta de iniciativas con impacto directo en la provincia se hace cada vez más notoria. Tierra del Fuego enfrenta una desaceleración económica marcada, con suspensiones y despidos en el sector electrónico, caída del consumo y una profunda incertidumbre sobre el futuro de la Ley 19.640 y el subrégimen industrial.

El documento, que mide cantidad de proyectos presentados, intervenciones en debates y gestiones concretas, ubica a los tres representantes fueguinos por debajo del promedio de sus pares de otras provincias patagónicas y del interior que también renovaron bancas. Si bien la productividad no se mide solo por la cantidad de iniciativas, la ausencia de proyectos de alto impacto para la industria, el empleo y el gas invernal genera preocupación entre los sectores productivos.

En el caso de los senadores oficialistas Coto y Monte de Oca, las expectativas iniciales eran altas. Se esperaba que su alineamiento con el oficialismo nacional permitiera canalizar soluciones rápidas para los problemas fueguinos. Sin embargo, hasta el momento su actividad se centró principalmente en acompañar las iniciativas del Poder Ejecutivo Nacional, sin que trascendieran propuestas específicas para fortalecer el parque industrial de Río Grande, defender el empleo o resolver las dificultades de financiamiento de obras públicas en las tres ciudades.

Por su parte, la senadora Cristina López, integrante del principal bloque opositor, participó de los debates nacionales más relevantes pero tampoco logró instalar con fuerza una agenda provincial. No se registran iniciativas de su autoría que hayan avanzado en comisiones sobre temas tan sensibles como la prórroga o actualización del régimen industrial, el financiamiento del sistema sanitario o la defensa de la Cuenca Austral.

La situación adquiere mayor relevancia en un contexto donde el costo de vida sigue presionando a las familias fueguinas, el turismo en Ushuaia muestra signos de recuperación lenta y Tolhuin reclama mayor atención a sus necesidades de infraestructura. La representación en la Cámara Alta debería ser, precisamente, el canal para transformar estas demandas en políticas públicas y recursos concretos.

Especialistas consultados coinciden en que la calidad de la representación no se agota en la cantidad de proyectos presentados. Lo que los fueguinos esperan es capacidad de gestión: obtener fondos nacionales, influir en las decisiones que afectan la 19.640, y lograr que los problemas de la provincia sean prioritarios en la agenda del Congreso y del Gobierno nacional.

Hasta el momento, los resultados visibles son limitados. No se registran logros concretos en términos de ampliación de beneficios impositivos, soluciones para las terminales electrónicas en crisis ni avances significativos en la defensa de la soberanía sobre Malvinas y la Antártida que trasciendan las declaraciones institucionales.

El interrogante que comienza a instalarse en la opinión pública fueguina es claro: ¿qué beneficios concretos obtuvo la provincia desde la renovación de su banca en el Senado? La respuesta, por ahora, es difícil de identificar.

Desde las redacciones locales se espera que los tres senadores demuestren, en los próximos meses, que pueden traducir su presencia en el Congreso en hechos tangibles: proyectos que avancen, gestiones exitosas y soluciones reales para una provincia que no puede permitirse seguir esperando.

Los fueguinos, acostumbrados a medir la gestión por servicios, empleo y obras, ya comienzan a pedir cuentas sobre qué está haciendo cada uno de sus representantes en la Cámara Alta para revertir una situación económica que no da tregua.