Menores imputables desde los 14 años: advierten que Tierra del Fuego no está preparada

La reciente sanción de la ley que baja a 14 años la edad de imputabilidad penal generó preocupación en Tierra del Fuego. Especialistas locales advierten que la provincia no cuenta todavía con las herramientas ni la infraestructura necesaria para aplicar el nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil de manera efectiva.

La norma nacional, que entrará en vigencia de manera progresiva, modifica el sistema anterior que fijaba en 16 años el umbral para procesar a los menores. En el caso de Tierra del Fuego, tanto desde el Poder Judicial como desde organismos de derechos de la niñez se señala que faltan centros de contención especializados, programas de rehabilitación y personal capacitado para tratar con adolescentes en conflicto con la ley.

"No estamos preparados", coincidieron varios referentes consultados. La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, Marcela Díaz, reconoció que si bien se viene trabajando en la adecuación normativa, la realidad operativa es compleja. "Necesitamos tiempo para armar los equipos interdisciplinarios y adecuar los espacios físicos", explicó.

En Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, los centros de detención juveniles existentes operan al límite de su capacidad y no cumplen con los estándares que exige la nueva legislación. Según datos del Ministerio Público, en los últimos dos años se registraron más de 120 intervenciones con adolescentes de entre 14 y 17 años por distintos delitos, principalmente contra la propiedad y vinculados al narcomenudeo.

Desde el Consejo Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes manifestaron que la baja de la edad de imputabilidad no viene acompañada de políticas de prevención ni de inversión en educación y contención social. "Bajar la edad sin fortalecer el sistema de protección integral solo va a criminalizar más a los chicos vulnerables", sostuvo su titular, Laura Martínez.

El nuevo régimen prevé la creación de juzgados especializados en responsabilidad penal juvenil, con jueces, fiscales y defensores dedicados exclusivamente a estos casos. En la provincia aún no se definió cómo se implementará esta estructura ni de dónde saldrán los recursos para financiarla. El presupuesto provincial para el área de niñez ya presenta un déficit que ronda el 18% según los últimos informes de la Auditoría General.

Especialistas en criminología juvenil consultados por este medio coinciden en que el enfoque debería estar puesto en la reinserción y no solo en la sanción. Programas como el de "Justicia Restaurativa" que se aplican con éxito en otras provincias del sur aún no tienen correlato local. En Río Grande, donde se concentra el mayor número de casos, el Patronato de Liberados y el área de políticas juveniles municipales advierten que sin un acompañamiento post sanción, el riesgo de reincidencia supera el 60%.

Desde el Concejo Deliberante de Ushuaia, la edil Laura Arias (Partido Verde) presentó un proyecto para que el municipio adhiera a la ley nacional y al mismo tiempo cree un fondo específico para infraestructura juvenil. "No podemos esperar que Nación resuelva todo. Tierra del Fuego tiene que hacerse cargo de sus adolescentes", señaló.

En Tolhuin, donde la problemática se vincula fuertemente con el consumo de sustancias y la deserción escolar, el intendente Daniel Harrington manifestó que el municipio está dispuesto a colaborar pero reclamó mayor financiamiento provincial. "No alcanza con cambiar la edad si después no tenemos dónde alojarlos ni cómo tratarlos", dijo.

La ley nacional establece un plazo de 180 días para que las provincias adecuen sus sistemas. En Tierra del Fuego, ese tiempo parece escaso según los actores involucrados. Desde la Legislatura provincial se anticipó que se tratará un proyecto de adhesión con modificaciones locales durante las próximas sesiones ordinarias.

Mientras tanto, organismos como UNICEF y la Defensoría de Niños y Adolescentes de la Nación ya manifestaron su disponibilidad para acompañar técnicamente el proceso, aunque insistieron en que la clave pasa por fortalecer primero el sistema de protección y no el punitivo.

El desafío es claro: compatibilizar la respuesta penal con una mirada integral que priorice los derechos de los adolescentes y evite que el sistema judicial se convierta en un mero engranaje de contención social ante la ausencia de políticas públicas preventivas.