Policías retirados rechazan que la emergencia de la Caja se traduzca en quitas a sus haberes

Un grupo de familiares de policías retirados de origen territorial se presentó en la Legislatura para manifestar su rechazo al proyecto de emergencia de la Caja de Previsión Social que impulsa el Ejecutivo provincial. Advierten que las medidas propuestas no pueden recaer sobre los haberes de los jubilados y pensionados, que ya sufren demoras en los pagos.

Según expresaron los voceros de las familias, la emergencia de la Caja no debe convertirse en la emergencia de los retirados. “Nuestros padres y abuelos cumplieron con su servicio en la provincia y hoy ven cómo sus haberes se convierten en variable de ajuste”, señalaron durante el contacto con legisladores.

El proyecto en cuestión busca declarar la emergencia previsional por un plazo determinado para aplicar medidas de saneamiento financiero. Sin embargo, los afectados sostienen que entre las herramientas que contempla el texto figuran posibles modificaciones en el cálculo de los beneficios y suspensiones temporales de ajustes, lo que impactaría directamente en el poder adquisitivo de los más de 1.200 beneficiarios de origen territorial.

“Pedimos auditorías independientes, total transparencia en el manejo de los recursos y, sobre todo, el pago de lo adeudado. Hay familias que llevan meses sin cobrar en tiempo y forma”, agregaron los representantes. Según los datos que manejan, el atraso acumulado en algunos casos supera los dos haberes completos, situación que se agrava en un contexto de altos costos de vida en la provincia.

Desde el sector se recordó que la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego administra los recursos previsionales de policías, docentes y otros agentes del Estado provincial. Los jubilados de origen territorial, en particular, están amparados por regímenes específicos que reconocen años de servicio en condiciones de aislamiento geográfico.

Los familiares entregaron un petitorio formal a los presidentes de las comisiones de Presupuesto y de Legislación General. En el documento solicitan que el tratamiento del proyecto incluya una audiencia pública con participación de todos los sectores afectados y que se garantice que ninguna medida de emergencia afecte el mínimo jubilatorio.

Consultados por este medio, legisladores de distintos bloques coincidieron en que el tema requiere un análisis exhaustivo. “La sostenibilidad de la Caja es un problema real, pero no se resuelve castigando a quienes ya están retirados”, expresó un referente de la oposición que participó del encuentro.

El reclamo se suma a otras voces que en las últimas semanas alertaron sobre el estado de las finanzas provinciales, especialmente en relación con el pago de salarios y jubilaciones. En Río Grande y Ushuaia, los retirados de las fuerzas de seguridad vienen realizando asambleas para coordinar acciones conjuntas.

Desde el Ejecutivo provincial aún no emitieron una respuesta oficial al petitorio, aunque s cercanas indicaron que el ministro de Economía y el titular de la Caja mantendrán reuniones con los sectores involucrados antes de que el proyecto avance en el recinto.

Los familiares anticiparon que continuarán con las medidas de visibilización y que no descartan acciones judiciales si el texto aprobado afecta derechos adquiridos. “No estamos en contra de ordenar las cuentas, pero que sea con equidad y respetando lo que se debe a quienes ya dieron todo por la provincia”, concluyeron.