Política

Provincia 23: la Legislatura aprobó la creación de un nuevo municipio en Tierra del Fuego

Con 12 votos a favor y 3 abstenciones, los legisladores dieron sanción definitiva a la ley que crea el municipio número 23 de la provincia. La iniciativa, impulsada por el bloque oficialista, genera debate sobre su viabilidad financiera y administrativa.

Publicado el 28 de julio de 2026, 14:40 hs

Sesión en la Legislatura Provincial de Tierra del Fuego con legisladores votando la creación de Provincia 23

La Legislatura de Tierra del Fuego aprobó este lunes 27 de julio la creación del municipio denominado Provincia 23, que se convertirá en la cuarta localidad de la provincia tras Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.

La norma, que lleva el número 6734, obtuvo 12 votos positivos del bloque oficialista y sus aliados, mientras que tres legisladores se abstuvieron. La sesión especial, que se extendió por más de tres horas, incluyó exposiciones sobre el impacto presupuestario y la delimitación territorial del nuevo distrito.

Según el texto sancionado, Provincia 23 se constituirá como municipio de primera categoría con autonomía para la administración de sus recursos y la prestación de servicios básicos. La iniciativa surgió de un proyecto presentado por el bloque del Partido Popular Fueguino a comienzos de 2026 y fue dictaminada favorablemente en las comisiones de Asuntos Municipales y Presupuesto.

La vicegobernadora y presidenta de la Legislatura, María Victoria Vuoto, destacó que la creación del nuevo municipio “responde a la necesidad de descentralizar la gestión y acercar las decisiones a los vecinos de la zona norte-central de la isla”. Sin embargo, desde la oposición advirtieron que la medida podría generar una presión adicional sobre la coparticipación provincial y los recursos de AREF.

El artículo 4° de la ley 6734 establece que el nuevo municipio abarcará un territorio de aproximadamente 1.850 hectáreas ubicado entre la Ruta Nacional 3 y el límite con la provincia de Santa Cruz, en un área que actualmente depende administrativamente de Río Grande. Se prevé que su primer intendente sea designado por decreto hasta la celebración de elecciones municipales en 2027.

Durante el debate, el legislador Raúl Martínez (Partido Popular Fueguino) aseguró que el nuevo municipio contará con recursos propios provenientes de tasas municipales y un porcentaje de la coparticipación que se definirá por decreto del Poder Ejecutivo. “No se trata de crear gasto, sino de redistribuir lo que ya existe”, afirmó.

Por su parte, la diputada Laura Fernández (Frente de Todos), quien se abstuvo en la votación, cuestionó la falta de un estudio de impacto económico previo. “No sabemos cuánto costará mantener una estructura municipal completa ni de dónde saldrán los fondos para pagar sueldos y obras”, señaló.

La ley también contempla la creación de un Concejo Deliberante de siete miembros y la transferencia gradual de competencias en materia de salud, educación y servicios públicos que actualmente administra la Municipalidad de Río Grande.

Desde la Casa de Gobierno, el ministro de Economía, Jorge Ferraresi, explicó que el impacto en el presupuesto provincial para 2027 se estima en torno a los 850 millones de pesos, cifra que será contemplada en la próxima ley de presupuesto que se enviará a la Legislatura en septiembre.

La creación de Provincia 23 marca un hecho inédito en la historia institucional de Tierra del Fuego desde la provincialización en 1991. Hasta ahora, la provincia solo contaba con tres municipios, a diferencia de otras provincias patagónicas que superan la decena.

Para el fueguino común, especialmente los residentes de la zona que quedará bajo la nueva jurisdicción, esto implica que las decisiones sobre alumbrado, recolección de residuos, habilitaciones comerciales y obras menores pasarán a resolverse en un ámbito más cercano. Sin embargo, la sostenibilidad financiera del nuevo municipio dependerá en gran medida de la evolución de la recaudación de AREF y de la futura ley de coparticipación municipal que aún debe tratarse en el recinto.

La norma entrará en vigencia una vez que sea promulgada por el Poder Ejecutivo, lo que se espera ocurra en los próximos diez días hábiles.

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