Tierra del Fuego exigió respuesta firme de la Nación tras autorización británica para explotar petróleo

El Gobierno de Tierra del Fuego expresó su más enérgico rechazo a la reciente autorización del Reino Unido para iniciar la explotación petrolera en el yacimiento Sea Lion, ubicado en las Islas Malvinas. A través de un comunicado oficial, la provincia reclamó una respuesta diplomática e institucional firme por parte de la Nación argentina ante lo que considera un nuevo avance sobre recursos naturales que pertenecen a la soberanía nacional.

La medida británica fue comunicada oficialmente esta semana y habilita a la empresa Rockhopper Exploration a avanzar con la producción de crudo en el área noroeste de las islas. Según estimaciones del propio operador, el yacimiento podría producir alrededor de 80.000 barriles diarios una vez que entre en plena operación.

Desde la Casa de Gobierno de Ushuaia, el gobernador Gustavo Melella instó al Ejecutivo nacional a “no quedarse solo en declaraciones” y pasar a acciones concretas en los foros internacionales. “No podemos permitir que sigan explotando recursos que son argentinos mientras seguimos reclamando la soberanía por la vía diplomática y pacífica”, señaló el mandatario fueguino.

El comunicado provincial recuerda que la Constitución de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, sancionada en 1991 y reformada en 2022, incorpora expresamente a las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y el espacio marítimo circundante como parte integral del territorio provincial. Por lo tanto, cualquier actividad extractiva unilateral en esa zona afecta directamente los derechos de la provincia.

Desde la Legislatura provincial, los 15 diputados coincidieron en la necesidad de un pronunciamiento conjunto. El bloque de Unidad Popular, que responde al oficialismo provincial, presentó un proyecto de declaración que será tratado en la próxima sesión ordinaria. “Es un tema de Estado que trasciende las diferencias partidarias”, afirmaron fuentes legislativas consultadas.

El rechazo fueguino se enmarca en una larga lista de protestas diplomáticas argentinas ante actividades británicas en el Atlántico Sur. En los últimos años, Buenos Aires elevó notas de protesta ante la ONU, la OEA y el Comité de Descolonización por licitaciones petroleras, exploraciones sísmicas y actividades de pesca sin control argentino en la zona.

Fuentes de la Cancillería consultadas por este medio indicaron que ya se está trabajando en una nota formal de protesta que será remitida al gobierno británico y a los organismos multilaterales. Sin embargo, desde Ushuaia reclaman que la respuesta sea más allá de lo protocolar y que incluya acciones concretas como la presentación de una queja ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El yacimiento Sea Lion se encuentra a aproximadamente 160 kilómetros al norte de Puerto Argentino y forma parte del denominado “Cuenca Norte de Malvinas”. Expertos consultados estiman que las reservas recuperables rondarían los 300 millones de barriles. La explotación implicaría también la instalación de infraestructura permanente, lo que Argentina considera una violación al espíritu de la resolución 2065 de la ONU que insta a las partes a resolver la disputa por la soberanía.

Desde AFARTE y la UOM local también se manifestaron en sintonía con el Gobierno provincial. Consideran que el desarrollo de recursos en Malvinas sin control argentino representa una pérdida de oportunidades para la industria fueguina, que podría participar en la prestación de servicios logísticos desde Ushuaia si existiera un acuerdo de cooperación.

El comunicado de la provincia cierra con un llamado a la unidad nacional: “La defensa de la soberanía sobre Malvinas, Georgias y Sandwich no es solo un tema de política exterior; es un asunto que involucra directamente los derechos de los fueguinos sobre sus recursos naturales y su futuro territorial”.

Para el ciudadano común de Río Grande, Ushuaia o Tolhuin, esta nueva autorización británica representa una vez más la distancia entre el discurso soberano y la realidad en el terreno. Mientras la provincia sigue sufriendo las consecuencias económicas de su posición geográfica, los recursos que le pertenecen por derecho histórico e internacional continúan siendo explotados de manera unilateral.