Trabajadores de la DPP: “Nación se robó el puerto” y denuncian ingreso de buque británico

Los trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) expresaron su profundo malestar por el ingreso de una embarcación vinculada al Reino Unido al puerto de Ushuaia y advirtieron sobre las graves implicancias que, a su criterio, tiene este episodio tanto en materia de soberanía como en el control efectivo del principal puerto de Tierra del Fuego.

En diálogo con el medio Aire Libre, Valeria Barría y Gastón Castillo fueron contundentes: “Nación se robó el puerto”. Barría sostuvo que la llegada de buques con ese origen a un puerto geopolíticamente estratégico como Ushuaia “pone en jaque cómo esta gente que usurpó el puerto de Ushuaia permite el ingreso a un buque con una bandera británica”.

Según detalló Castillo, la embarcación permaneció en Ushuaia desde las 7 de la mañana hasta las 21 horas del lunes 24 de agosto. Posteriormente, habría zarpado hacia una monoboya en la zona de Cullen, aunque los trabajadores ya no tienen acceso al control operativo y no pueden confirmar con precisión el derrotero de las naves.

Uno de los puntos centrales de la controversia es la posible aplicación de la Ley Provincial Gaucho Rivero, que establece restricciones para el amarre de embarcaciones vinculadas al Reino Unido. Más allá de las discusiones jurídicas, los trabajadores colocan el foco en la soberanía: “No podemos permitir que en la provincia de donde pertenecen las Islas Malvinas tengamos amarrado en la puerta de entrada a la Antártida un buque perteneciente al Reino Unido”, enfatizó Barría.

Desde el Gobierno Nacional se habría argumentado que la norma no resulta aplicable porque la embarcación no habría transitado por la Cuenca de Malvinas, sino por la Cuenca Austral o de Tierra del Fuego. Para Castillo y Barría, se trata de un “tecnicismo” que no resuelve el problema de fondo: la presencia de una nave británica en un puerto estratégico de la provincia bicontinental.

La crítica más dura de los trabajadores se dirigió a la intervención del Estado Nacional en el puerto de Ushuaia, ocurrida en la madrugada del 21 de enero de 2026 con participación de la Prefectura Naval. “El significado es que Nación se robó el puerto”, sentenció Castillo. Desde entonces, los empleados de la DPP fueron impedidos de ingresar a las instalaciones y, según denunciaron, aún no les fueron restituidas pertenencias personales que quedaron dentro del predio.

Los argumentos iniciales de la intervención, vinculados a la administración y a cuestiones de infraestructura, habrían perdido sustento con el paso de los meses. Barría remarcó que trabajadores con décadas de experiencia en la actividad portuaria fueron desplazados de sus puestos y que, desde ese día, sostienen que “el puerto tiene que volver a la provincia”.

La referente también cuestionó la operatoria durante la intervención nacional y mencionó episodios como la caída de un contenedor dentro de las instalaciones. Para los trabajadores, el conflicto va mucho más allá de la defensa de sus fuentes laborales. Está en juego el carácter estratégico del puerto para la economía y la soberanía de Tierra del Fuego.

Barría destacó que el puerto de Ushuaia no solo genera empleo directo sino que impacta en múltiples sectores de la economía local. “Es generador de recursos genuinos, es generador de trabajo para toda la comunidad”, señaló. Desde la década del 90, el movimiento portuario ha sido motor de actividades como el turismo, la gastronomía y otras ramas económicas.

Además, subrayó la importancia geopolítica de Ushuaia como punto de entrada al Atlántico Sur, las Islas Malvinas y la Antártida. “Es un punto estratégico geopolítico”, afirmó, y recordó que la provincia es bicontinental, lo que ordena cualquier discusión sobre el control del puerto.

Finalmente, los trabajadores reclamaron que los distintos actores políticos vinculados a la actividad portuaria se pronuncien sobre lo ocurrido. Defendieron con fuerza la consigna que circula en redes sociales: “El puerto es de los fueguinos”. Para Barría, esa frase no representa solo el reclamo por la restitución de los puestos de trabajo, sino la defensa del patrimonio provincial y de un recurso estratégico que debe quedar en manos de las actuales y futuras generaciones de fueguinos.

Adaptado de Aire Libre