Denuncian que empresa foránea vino a hacer "rulo financiero" con firmas fueguinas
Un medio provincial alertó sobre maniobras de una compañía externa que, según denuncias, busca aprovechar el Subrégimen de la Ley 19.640 para realizar operaciones financieras con empresas electrónicas radicadas en Tierra del Fuego.
Una nota publicada por el sitio provincia23.com.ar generó revuelo en el sector industrial fueguino al denunciar que una empresa ajena a la provincia llegó con el objetivo explícito de "hacer el rulo financiero" con compañías locales amparadas en la Ley 19.640.
La expresión, atribuida a fuentes del sector, alude a una práctica consistente en utilizar el beneficio arancelario diferencial de Tierra del Fuego para importar componentes, ensamblar productos y luego canalizar flujos financieros que, en los hechos, no generarían el valor agregado ni el empleo que el régimen promueve.
Si bien la nota no identifica públicamente a la empresa denunciada, sí detalla que se trata de un actor que no forma parte del entramado histórico del Parque Industrial de Río Grande y que habría llegado recientemente con una propuesta de "asociación" o "servicios" a terminales ya establecidas.
Desde AFARTE, la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica, evitaron confirmar o desmentir la información de manera oficial. Sin embargo, consultados por El Diario de Tierra del Fuego, dos gerentes de plantas que pidieron reserva de identidad admitieron que existe "preocupación" por el ingreso de operadores que "no vienen a fabricar sino a optimizar balances".
El Subrégimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego, creado por la Ley 19.640 en 1972 y reformado en 2015, permite a las empresas radicadas en la provincia importar insumos con arancel cero o reducido siempre que cumplan con un porcentaje mínimo de integración local y generen empleo genuino. Ese marco es el que, según la denuncia, estaría siendo utilizado de manera distorsionada.
"El rulo financiero consiste básicamente en importar por Tierra del Fuego, facturar internamente a una empresa de Buenos Aires con sobreprecio y luego repatriar utilidades por vías financieras que terminan licuando el beneficio impositivo y aduanero", explicó un ex directivo de la UOM Río Grande que conoce el funcionamiento del régimen desde hace más de 15 años.
En los últimos meses, el sector electrónico acumuló suspensiones y recortes de personal en varias terminales. Mirgor, Newsan y BGH han ajustado sus plantillas ante la caída del consumo y la incertidumbre por la posible modificación del régimen. En ese contexto, cualquier maniobra que ponga en riesgo la credibilidad del Subrégimen adquiere mayor gravedad.
Desde la Unión Obrera Metalúrgica se mostraron cautelosos. "No tenemos elementos formales para abrir una denuncia, pero sí estamos atentos a cualquier movimiento que pueda afectar los puestos de trabajo", indicó un delegado de base consultado por este medio.
La AREF (Administración Federal de Ingresos Públicos a nivel provincial) y la Secretaría de Industria de la provincia son los organismos que deberían auditar el cumplimiento de los compromisos de radicación. Hasta el momento no emitieron comunicados sobre esta denuncia en particular.
Fuentes del Ministerio de Producción provincial indicaron que se está "monitoreando" el caso y que cualquier irregularidad que se compruebe podría derivar en la pérdida de beneficios para las empresas involucradas y eventuales sanciones.
El episodio vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad del modelo fueguino: un régimen que genera miles de empleos directos pero que depende de controles estrictos para evitar que se convierta en una mera herramienta de arbitraje financiero.
Desde El Diario de Tierra del Fuego seguiremos de cerca las repercusiones de esta denuncia, que por ahora circula en voz baja en los pasillos del Parque Industrial de Río Grande pero que podría escalar si se presentan elementos concretos ante la Justicia o los organismos de control.
