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El derrumbe de Remediar deja a miles de fueguinos frente a una decisión imposible

La fuerte reducción del programa nacional de medicamentos gratuitos impacta de lleno en Tierra del Fuego, donde la entrega de botiquines cayó casi 70% entre 2023 y 2025. La provincia creó el PROMEFU para compensar parte del recorte, pero el costo se traslada a las arcas locales mientras crecen los casos de pacientes que abandonan tratamientos.

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Nación reformula el Programa Remediar y enviará botiquines de transición a las provincias
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El programa Remediar, creado en 2002 para garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales a la población sin cobertura, prácticamente desapareció tras la Resolución 1447/2026 del Ministerio de Salud de la Nación, firmada el 15 de octubre pasado.

En diciembre de 2023 se distribuyeron 17.393 botiquines en todo el país. En abril de 2026 esa cifra se redujo a apenas 849 unidades. El presupuesto destinado al programa cayó un 72% en términos reales respecto de 2023, y el nuevo listado quedó reducido a solo seis principios activos centrados en patologías vasculares. Quedaron fuera tratamientos tan habituales como metformina para diabetes, amoxicilina, levotiroxina y salbutamol.

En Tierra del Fuego el impacto es particularmente fuerte. Según datos del Ministerio de Salud provincial, la provincia recibió en 2023 más de 140.000 botiquines Remediar. En 2025 quedaron apenas 42.966. La caída acumulada se acerca al 70%.

La ministra de Salud provincial, Judit Di Giglio, había advertido en abril que el recorte llegaba en un momento en el que cada vez más personas perdían su obra social y recurrían al sistema público. Ante esa realidad, el Gobierno de Tierra del Fuego puso en marcha el Programa de Medicamentos Fueguinos (PROMEFU), que supera los 300 medicamentos para personas sin cobertura y permite retirarlos en farmacias adheridas con prescripción electrónica.

Sin embargo, esa respuesta provincial deja en evidencia otra consecuencia del ajuste nacional: el costo que antes cubría el presupuesto federal ahora recae sobre las provincias. No todas tienen la misma capacidad fiscal para absorber esa demanda.

En los centros de atención primaria de la provincia ya se observan los efectos. Profesionales relatan que pacientes crónicos comenzaron a dividir comprimidos, espaciar las tomas, reemplazar medicamentos o directamente abandonar los tratamientos porque no pueden comprarlos. Otros recorren distintos centros buscando stock remanente o piden que no les extiendan la receta al saber que no podrán afrontarla.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que la situación obliga a muchas familias a elegir entre comprar alimentos o los medicamentos que antes recibían de manera gratuita. Cuando enfermedades como hipertensión, diabetes o infecciones respiratorias dejan de tratarse, el problema que podía resolverse en una salita termina derivando en guardias u hospitalizaciones, lo que termina trasladando el costo a otra parte del sistema sanitario.

El Gobierno nacional sostiene que el programa fue “reformulado” para concentrar recursos en enfermedades cardiovasculares y argumenta que menos del 10% de los centros informaba correctamente el uso de los botiquines. También mencionó presuntas irregularidades en la comercialización de medicamentos que debían distribuirse gratuitamente. Desde Nación se afirma además que la provisión de medicamentos es responsabilidad primaria de las provincias.

Organizaciones sanitarias responden que esa lógica genera coberturas desiguales según la capacidad fiscal de cada jurisdicción. Las provincias con mayor porcentaje de población dependiente del sistema público suelen ser, precisamente, las que tienen menor capacidad para reemplazar el financiamiento nacional.

La cuestión ya está judicializada. El CELS presentó un amparo colectivo ante el Juzgado Federal N°4 de La Plata para que se restablezca el acceso a los medicamentos esenciales. Pidió una medida cautelar para frenar la reducción del vademécum mientras se resuelve el fondo de la causa. El expediente fue reconocido como proceso colectivo y aguarda definición sobre esa cautelar.

Mientras avanza el debate jurídico sobre competencias, presupuesto y derecho a la salud, la realidad en los barrios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin es inmediata. Una persona con diabetes no puede esperar meses para decidir si toma metformina. Una embarazada necesita el hierro sin postergaciones. Un paciente asmático requiere el broncodilatador cuando aparece la crisis. Para quienes menos tienen, el medicamento dejó de ser solo una cuestión sanitaria y compite directamente con la comida, el alquiler y los servicios.

Con información de medios locales.

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